El pliego de las cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato de los nuevos radares municipales de Es Migjorn, en funcionamiento desde el pasado 26 de junio, contempla que van a generar una recaudación estimada superior al medio millón de euros (558.675) durante el periodo de vigencia de cuatro años.
La suma se la van a repartir entre la empresa instaladora, Alumbrados Viarios SA, y el Ayuntamiento de Es Migjorn, a razón de un 60 por ciento para la primera y el 40 restante para el Consistorio. De esta forma, si se cumple esta previsión, el municipio ingresará 223.470 euros y la empresa 335.205.
Se trata de los servicios de control de movilidad y seguridad del municipio que han supuesto la instalación de un radar móvil en Sant Tomàs y la infraestructura para otros tres en la población, de los que funciona uno alternativamente en cada ubicación. El propósito es incrementar la seguridad reduciendo la velocidad de los vehículos a su paso por la Avinguda Binicodrell, con límite de 30 kilómetros por hora, y dos en la Avinguda de la Mar, hasta 40 km/h.
Hasta la fecha las previsiones de recaudación estarían muy por encima de las mejores previsiones aunque el Ayuntamiento todavía no ha dado cifras. Antonia Camps, la alcaldesa, sí ha admitido «que se han tramitado muchas». El de Maó, que es el otro municipio de la Isla con radares propios, sigue sin facilitar estos datos.
La empresa adjudicataria sirve al Ayuntamiento la información del vehículo infractor. El interventor y la alcaldesa firman la sanción una vez tramitado el expediente y el mismo Consistorio gestiona el cobro.
La instalación de radares municipales está envuelta en controversia en muchos pueblos españoles precisamente por la tramitación de las denuncias en las que juega un papel importante una empresa particular con evidente ánimo de lucro, por lo que se cuestiona su legalidad. La antigua Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, llegó a recomendar ante diversas protestas, que la instrucción de los expedientes deben hacerla directamente los funcionarios públicos. En Es Migjorn reiteran que la adjudicataria no interviene en la tramitación y que esta corre a cargo exclusivamente de funcionarios municipales.