El pleno del Ayuntamiento de Maó someterá a votación el próximo jueves día 26 la propuesta del equipo de gobierno de no aplicar aquellos artículos del decreto autonómico de medidas urgentes para la vivienda, vigente desde su publicación en el BOIB el pasado 3 de octubre, que está en su mano no aplicar. La iniciativa se entregó el pasado viernes al resto de partidos, mediante la convocatoria de la correspondiente comisión informativa, y tras conocerse el lunes el posicionamiento de Ara Maó, en sintonía con la misma, tiene visos de salir adelante pese a que el PSOE no cuenta con mayoría.
La entrada en vigor del decreto conlleva que sus medidas son plenamente válidas siempre que no decida lo contrario cada respectivo ayuntamiento, en aquello en lo que es competente y afecta a su planeamiento urbanístico. Esto es la reconversión de locales en viviendas, la división de determinados inmuebles para modificar las densidades o el aprovechamiento de terrenos ahora calificados como equipamientos.
La teniente de Alcaldía de Urbanismo, Dolors Antonio, explica que el equipo de gobierno considera que el decreto requiere ser analizado con exhaustividad. Para ello se contará con técnicos externos y el plazo máximo que se dan desde el equipo de gobierno para este análisis no excederá los tres meses. Antonio explica que «tal vez algunos aspectos nos pueden venir bien en determinadas zonas de la ciudad, incluso calles concretas, pero se tiene que estudiar». El decreto permite aplicar las medidas de forma parcial por barrios o vías.
Antonio pone el acento en los efectos que podría tener una aplicación indiscriminada del decreto, con barrios residenciales, con muchos vecinos, que correrían el riesgo de quedarse sin comercios o con una insuficiencia de equipamientos, cuya existencia no es caprichosa. «El PGOU busca un equilibrio entre los residentes y los recursos de que disponen, no puede ser todo vivienda, los ciudadanos deben disponer de determinados servicios», equilibrio que el PSOE no quiere que se rompa con el decreto.
El equipo de gobierno ve viable una aplicación quirúrgica del decreto, al detalle, porque «algunos locales ya podían convertirse antes en viviendas, y así ha ocurrido con algunos, pero tiene que analizarse si pueden disponer de plaza de aparcamiento y considerar aspectos como la disponibilidad de agua, por ejemplo». Maó elabora en estos momentos un censo de locales comerciales vacíos.
Asegura que la decisión «no es un boicot político» al decreto, sino que responde a un principio de prudencia desde el punto de vista técnico, «se tiene que estudiar bien y no basta con dos días». El Ayuntamiento ha recibido ya un par de consultas en relación a la aplicación del decreto.
ayudando a la solución habitacional