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Cien días del Consell de PP-Vox: acciones y polémicas de cada uno de los ocho consellers

Desgranamos las cuestiones más relevantes de cada conseller del equipo de gobierno cuando se cumplen los cien primeros días de mandato

Adolfo Vilafranca y Carmen Reynés en la rueda de prensa de este martes en el Consell.

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El presidente Adolfo Vilafranca compareció este martes en rueda de prensa, acompañado por la vicepresidenta, Carmen Reynés, aunque sin sus socios de Vox, para valorar los primeros cien días del nuevo equipo de gobierno del Consell Insular de Menorca. «Son cien días de cambio en los cuales hemos puesto en marcha medidas valientes y propuestas decididas para resolver los problemas reales de Menorca y los menorquines», señaló.

Vilafranca cargó contra los partidos que gobernaban en el Consell en la anterior legislatura, y aseguró que «después de ocho años de anuncios vacíos y de parálisis en todos los ámbitos, ahora se están impulsando acciones reales». En este sentido, el presidente lamentó que se han encontrado con departamentos «completamente bloqueados», y puso como ejemplo el área de Movilidad del Consell, en referencia a la huelga en el servicio de ITV que heredó el actual equipo de gobierno y a las concesiones del transporte en la Isla, que están caducadas desde hace años.

Estas son las cuestiones más relevantes de cada uno de los ocho consellers del equipo de gobierno PP-Vox en el Consell de Menorca, en los cien primeros días de mandato.

Los consellers, uno por uno

Adolfo Vilafranca. Presidente. Desde el primer día, el presidente ha manifestado su voluntad de gobernar con seny y transparencia. Su decisión de ocupar el asiento que corresponde al Consell en el Consejo de Autoridad Portuaria, que se cedía a Maó, ha causado la irritación de PSOE y Més, que han tachado la decisión de partidista.

Carmen Reynés. Bienestar Social. Desde el departamento de Bienestar Social, la vicepresidenta ha realizado los contratos de cesión de inmuebles de los clubes de jubilados de Vassallo y Camí des Castell. También ha contratado a tres auxiliares para la residencia de Santa Rita y para el centro de Trepucó y ha reestructurado el servicio de menores.

Simón Gornés. Medio Ambiente. Fue protagonista de la primera crisis importante del nuevo equipo de gobierno, que acabó con el cese de su directora insular Marta Febrer, por organizar una fiesta particular en el Llatzeret. Tiene encima de la mesa el futuro del parque de Milà, la elaboración de un plan del agua y el puerta a puerta.

Núria Torrent. Ordenación Territorial. Ha propuesto la delegación a los ayuntamientos de la competencia para otorgar las cédulas de habitabilidad y reducir la burocracia. En el último pleno anunció la puesta en marcha de un estudio para determinar la capacidad de carga de la Isla, como paso previo para levantar la moratoria de plazas turísticas.

Mª Antònia Taltavull. Servicios Generales. Desde el departamento de Economía y Servicios Generales se ha eliminado la cita previa, excepto para las tarjetas de transporte, y se está elaborando un plan de control financiero y de auditorías. También se ha regulado el teletrabajo en el Consell, estableciendo la obligación de realizar tres días de trabajo presencial.

Joan Pons Torres. Cultura. Ha protagonizado polémicas por su posición contraria al catalán estándar, y su propuesta de cambiar la Fira del Llibre en Català por una feria de autores menorquines ha sido rechazada por las librerías de Menorca. Asistió a la declaración de la Menorca Talayótica como Patrimonio Mundial de la Unesco.

Manuel Delgado. Movilidad. Al frente de una de las carteras más complicadas, consiguió poner fin a la huelga del servicio de la ITV, aunque la lista de espera para pedir cita se está reduciendo de manera muy lenta, y este lunes todavía era de 7.200. También ha gestionado la falta de plazas en algunas líneas del transporte público.

Maite de Medrano. Vivienda. Desde el área de Vivienda, la consellera de Vox del equipo de gobierno del Consell ha puesto en marcha tres convenios entre el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el Consell y el Ibavi para la construcción de vivienda de protección social, por un valor total de 1,5 millones de euros.

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