El convenio suscrito por el Consell con las protectoras de animales para gestionar los centros de acogida de Maó y Ciutadella verá aumentar su partida hasta los 250.000 euros anuales, lo que supone un incremento de casi el 43 por ciento respecto al presupuesto actual, que era de 175.000 euros al año (87.392 euros para cada entidad). La propuesta de renovación del convenio con esta subida, por parte del conseller de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación Local, Simón Gornés, se presentó este jueves en la comisión de alcaldes, tras la exposición realizada por las representantes de las asociaciones protectoras de animales de Menorca que desde enero de 2022 gestionan las instalaciones para animales abandonados.
Esos 250.000 euros del servicio insular se costearán al 50 por ciento entre el Consell y los ayuntamientos, y también se anuncia una partida extraordinaria de 150.000 euros (a pagar también al 50 %) para llevar a cabo un plan de choque de control y castración de las poblaciones felinas, un verdadero quebradero de cabeza para las protectoras, que se manifiestan desbordadas ante la sobrepoblación de gatos semisalvajes y de colonias.
Básicamente las representantes de las protectoras de Maó y Ciutadella plantearon este jueves en la reunión que no pueden seguir asumiendo la gestión de los centros de acogida de animales abandonados en las mismas condiciones y precios que han tenido en estos dos últimos años. Tal y como ya hicieron en reuniones previas con el conseller Gornés, expusieron ante la comisión la necesidad de incrementar la partida actual, que es un 10 por ciento inferior a la que se pagaba en el año 2017, 188.000 euros, cuando sin embargo el coste de la vida, y de todos los servicios que prestan para el cuidado de gatos y perros, ha subido un 22 por ciento en los años transcurridos desde esa fecha. A eso se añade que la nueva Ley de Bienestar Animal impone más obligaciones a partir de 2024 y a las protectoras no les salen las cuentas: han tenido que poner 15.000 euros de su caja para poder cubrir el déficit generado en los dos centros de acogida de la Isla durante el pasado 2022.
El convenio que se firmó con el anterior equipo de gobierno del Consell era por dos años, expira a finales de 2023 y no se prorrogará –como se preveía–, sino que se firmará uno nuevo que ya contemplará el aumento de presupuesto y el plan para el control de la población felina. Así lo anunció el conseller Simón Gornés, quien alabó la gestión realizada por las protectoras en los centros de acogida de animales abandonados en estos dos años. «Lo que he visto en estos tres meses es que la gestión ha sido muy buena, los centros están cuidados y están haciendo un buen trabajo», declaró tras la reunión con los alcaldes.
El apunte
La aplicación de la Ley de Bienestar implica nuevas obligaciones
La Ley de Bienestar Animal que entró en vigor el 29 de septiembre y que en muchos aspectos aún está por desarrollar, a la espera del reglamento, implica nuevas obligaciones para los centros de acogida de animales abandonados. Identificar mediante un chip a los gatos, por ejemplo, o que los perros que se adoptan salgan ya esterilizados, con lo que ello supone en cuanto a coste, seguimiento del postoperatorio y necesidades de espacio y de personal en las perreras. También los ayuntamientos deben tener mayor implicación en el control de las mascotas, por ello la alcaldesa de Sant Lluís, Loles Tronch, propuso este jueves en la comisión que se trabaje para redactar una Ordenanza conjunta de dicha materia.