El Parlament ha aprobado este miércoles que la bonificación fiscal para estudiar fuera de Balears «no discrimine» a las familias menorquinas, gracias a una transacción a una enmienda presentada por Més per Menorca al proyecto de ley de medidas fiscales.
De este modo, las familias menorquinas se podrán acoger a partir de la declaración de renta del 2024. Además, se ha acordado que el importe de la deducción fiscal pase de los 1.500 a los 1.800 euros anuales.
Joana Gomila, diputada de Més per Menorca en el Parlament, ha afirmado que «todo el mundo tiene que poder decidir libremente dónde quiere estudiar». La representante menorquinista ha añadido que consiguen «hacer realidad esta petición reiterada para que no se discrimine a los estudiantes de Menorca, de Eivissa y de Formentera, que al fin tendrán la misma deducción que los mallorquines».
Los menorquinistas han recordado que desde el 2018 existe una deducción autonómica para las familias de Baleares que tienen hijos que estudian fuera de la isla de residencia habitual, que pueden desgravarse hasta 1.500 euros anuales en la declaración de la renta. Esta deducción, de hecho, fue propuesta en su momento Més per Menorca y fue aprobada a cambio del apoyo de los menorquinistas a los presupuestos generales de Baleares para el año 2018, cuando el Govern estaba presidido por la socialista Francina Armengol.
Sin embargo, la formación ha asegurado que nunca habían estado "del todo satisfechos con la regulación de esta deducción fiscal, puesto que solo se podían acoger aquellas familias que tenían hijos que cursaban estudios fuera de la isla de residencia, siempre que estos se cursaran en Baleares o, en caso de que se cursaran fuera del archipiélago, no hubiera en Baleares una oferta de estudios equivalente.
«Este requisito, a la práctica, ha acontecido discriminatorio para las familias menorquinas, puesto que en muchas ocasiones los estudiantes menorquines prefieren estudiar en Barcelona o en cualquier otro lugar de la península antes que en Mallorca, ya sea por motivos familiares, económicos, académicos o de cualquier otro tipo», han subrayado.
Esta situación había sido denunciada, tanto en julio del 2020 como en septiembre del 2022, por la Sindicatura de Greuges de Menorca, que había hecho un llamamiento a los diferentes partidos políticos para impulsar «el cambio de normativa que fuera necesaria para poner fin a la discriminación que perjudica gravemente los estudiantes de Menorca y, por extensión, a los de Ibiza y Formentera».
Por este motivo, Més per Menorca ya había presentado, al menos en dos ocasiones anteriores, la propuesta de modificación de la ley que regula las condiciones para acogerse a esta deducción autonómica, en el sentido de permitir a todas las familias con hijos que cursen estudios fuera de la isla, independientemente de si hay o no ofrecida de estudios equivalentes a la Universitat de les Illes Baleares.
Sin embargo, en las anteriores ocasiones esta propuesta de los menorquinistas había sido rechazada por la mayoría parlamentaria durante los debates de los presupuestos generales de Baleares para el año 2022 y para el año 2023.