El Ayuntamiento de Ciutadella ha cumplido lo anunciado y ha llevado al Consell insular ante los tribunales de justicia. El gobierno municipal ha interpuesto un contencioso en el que se opone al nuevo Plan Territorial Insular (PTI) por limitar el futuro crecimiento urbanístico de Ciutadella.
El Plan General en tramitación prevé crear 5.524 nuevas plazas en el municipio, de las que el PTI solo reconoce 2.224, las incluidas en el suelo urbanizable programado. No obstante, las otras 3.200 plazas que el Ayuntamiento pretende crear en terrenos no vinculados todavía a una unidad de actuación quedan afectadas por el decreto autonómico de 2020 de medidas urgentes para la protección del territorio. Es decir, pasan a ser considerados suelo rústico desclasificado, sin posibilidad de urbanizar.
El actual gobierno del PP en minoría alegó tras las elecciones para que el Consell invalidara el efecto del decreto sobre estos terrenos y no bloqueara así el futuro crecimiento de la ciudad, pero sus apreciaciones no han sido tenidas en cuenta por ahora por los técnicos de la institución insular.
La consecuencia práctica, resume el primer teniente de alcalde Joan Benejam, es que «ahora mismo no podría construirse en las parcelas sin edificar situadas hasta el límite de las dos rondas de circunvalación del municipio, la norte y la ronda sur».
Para solventar la controversia, se ha expuesto el problema a la consellera de Ordenación del Territorio, Núria Torrent, quien está por la labor de atender la petición municipal. Pero el Ayuntamiento prefiere asegurar y «no perder la acción judicial», por si acaso. De ahí que, pese a la coincidencia de color político en ambas instituciones (las dos, gobernadas en minoría por el PP), se haya decantado por seguir adelante con el contencioso.
Hortals sin límite de 90 metros
El recurso presentado ante la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) también incide en la necesidad de ampliar la superficie máxima legalizable en los núcleos de hortals, que el nuevo PTI, como ya ocurría con el de 2003, fija en 90 metros cuadrados. El consistorio cree que así no se facilita su legalización, ya que quedarían demasiadas construcciones fuera de ordenación.
Del mismo modo, el contencioso aboga por clarificar la posibilidad de construir piscinas en rústico y flexibilizar la instalación de energías limpias, «para las que antes bastaba una simple comunicación previa y ahora se requiere a los promotores y particulares que pidan licencia y presenten un estudio. No deberían ponerse tantas dificultades a quien instala placas solares o promueve energías alternativas».
Asimismo, el Ayuntamiento espera corregir con esta acción algunos errores que han llamado la atención de los técnicos municipales, ya que el PTI «pinta como rústicos terrenos que hoy en día son suelo urbano más que consolidado». Es el caso del hipódromo Torre del Ram que, pese a haberse construido en el año 1971, «según el Plan Territorial, no existe».
Dice dónde ubicar aparcamientos, que «es competencia municipal»
El gobierno de Ciutadella también recurre para preservar la autonomia municipal a la hora de decidir sus nuevos aparcamientos, que el PTI ve «prioritarios» junto al centro de salud, el dique, el Camí de sa Farola, Santandria, Son Oleo y en las intersecciones entre Pintor Torrent y el Camí de Son Salomó, y entre Industrials y Palma de Mallorca. El Consell apunta estas ubicaciones en ausencia de un Plan de Movilidad, pero Benejam recuerda que «el Plan General ya define los aparcamientos y la competencia es municipal».
El apunte
El mismo decreto también bloquea el crecimiento de La Trotxa y Es Migjorn
Aunque solo Ciutadella haya acudido a los tribunales de justicia, son tres los municipios menorquines que ven limitado su crecimiento futuro por el PTI y el decreto autonómico vigente desde hace tres años, que la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern está estudiando modificar. También tienen bloqueado su desarrollo urbanístico, por el mismo motivo, Es Migjorn Gran y el polígono industrial de Alaior.
La consellera insular de Ordenación del Territorio, Núria Torrent, asume las demandas de los ayuntamientos y coincide en que «el decreto es perjudicial para los intereses municipales, porque les resta la posibilidad de crecer. Pero me consta que el Govern está ya sobre el tema. Si lo modifica, nosotros estimaremos las alegaciones municipales y tanto Alaior como Es Migjorn y Ciutadella podrán materializar los crecimientos que tienen previstos».
El planteado por el Ayuntamiento de Ciutadella es el undécimo recurso que recibe ya el nuevo Plan Territorial Insular desde que entró en vigor el 25 de junio, hace apenas cinco meses. Es el único que ha interpuesto una administración pública, puesto que los diez restantes corresponden a particulares y empresas.