El pleno de la Comisión de Medio Ambiente de Balears acordó este jueves formular la declaración de impacto ambiental favorable de los proyectos de Red Eléctrica de España (REE) para ampliar la subestación eléctrica de Es Mercadal e instalar un sistema de baterías que refuerce la garantía de suministro energético. De este modo el proyecto avanza en una tramitación que se prolonga ya por espacio de un año y que está pendiente de la autorización definitiva del Govern balear.
El 1 de junio de 2023 la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, del anterior Ejecutivo de izquierdas, sometió a información pública la petición de REE de autorización previa y declaración de utilidad pública del proyecto de la instalación de dos conjuntos de baterías en la subestación Mercadal 132 kV, con una potencia total de 50 megavatios.
En marzo de ese mismo año se presentó ante la Comunidad Autónoma el proyecto del nuevo polígono eléctrico y el correspondiente estudio de impacto ambiental, que doce meses después, y con un cambio de gobierno por en medio, ha obtenido la resolución positiva de la Comisión.
Precisamente el Consell, mediante una propuesta aprobada en el último pleno para reclamar las inversiones que deben reforzar la red eléctrica insular, instó al Govern (mediante la incorporación de una enmienda socialista) a acelerar dicha tramitación del proyecto de REE, recordando que está incluido en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026. Sin embargo «las previsiones más optimistas sitúan su llegada en 2027», señala el texto aprobado por la institución insular, cuando inicialmente se preveían para 2024. El plazo de ejecución de las obras ronda entre un año y un año y medio, por lo que si el trámite se agiliza quizás el horizonte se acorte a 2026. En todo caso, es un retraso considerable si se tiene en cuenta que el proyecto era la solución provisional mientras se aguarda la conexión eléctrica submarina, el segundo cable, para evitar revivir situaciones como el gran apagón de 56 horas vivido en 2018.
Condicionantes
Además de la resolución favorable de la Comisión de Medio Ambiente, si las actuaciones afectan a dominio público hidráulico o sus zonas de protección necesitan la autorización de la Dirección General de Recursos Hídricos; también hace falta un informe vinculante de la administración competente en materia agraria y forestal y del Consell como organismo titular de la carretera general Me-1.
Por su parte, la Comisión balear de Medio Ambiente establece sus condicionantes a los proyectos, entre ellos obliga a que se compense la eliminación de la superficie agrícola ocupada recuperando una parcela abandonada, para la siembra de cultivos de forraje con una superficie mínima de 2,7 hectáreas. Según los proyectos presentados por REE, la plataforma de implantación de las baterías y la necesaria ampliación de la subestación conllevarán la utilización de una superficie conjunta de 14.400 metros cuadrados, casi una hectárea y media.
De acuerdo con el informe del departamento de Ordenación del Territorio del Consell, la zona ocupada no podrá afectar a encinares ni podrán realizarse actuaciones forestales que impliquen tala de este tipo de árbol; no podrán ocuparse zonas con vegetación natural para realizar acopios de material o vehículos ni para gestionar residuos; debido a que el presupuesto supera el millón de euros, deberá designarse un auditor ambiental que vigilará el cumplimiento de las medidas, un total de doce. Además de las ya mencionadas, se prevé la protección especial de la fauna de la zona, por ejemplo, antes de comenzar las obras tendrán que realizarse batidas para detectar y retirar ejemplares de tortugas, erizos y otras especies protegidas para trasladarlas a un lugar seguro dentro de la misma zona.
Las claves
-
En junio de 2023 salió a exposición pública el proyecto
El detalle de las actuaciones para el polígono eléctrico de Es Mercadal, las baterías y la ampliación de la subestación, se publicó el 1 de junio de 2023 como parte de la tramitación de la declaración de utilidad pública.
-
Compensación de la superficie agrícola ocupada
La Comisión obliga a compensar la eliminación de superficie agrícola ocupada por los proyectos con la recuperación del uso agrícola de una parcela abandonada, para la siembra de cultivos forrajeros. También protege los encinares, que no podrán ser afectados por las obras.
-
Respeto y traslado de especies protegidas
Otra condición es el respeto a las especies protegidas y los endemismos. El informe medioambiental especifica requisitos como la realización de batidas, antes de empezar las obras, para retirar tortugas, erizos y otras especies y llevarlos a un lugar seguro dentro de la misma zona.