Los nueve pisos de protección oficial construidos en la Avinguda Binicudrell esquina con la calle Travessera Nova de Es Migjorn Gran, la primera promoción del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en este municipio, están ya a punto de adjudicarse. El plazo para presentar alegaciones finalizó el pasado 30 de enero y el listado definitivo de participantes en la convocatoria se ha cerrado con más del triple de personas que aspiran a un alquiler social que viviendas ofertadas.
Son 33 los solicitantes, 11 clasificados como preferentes y 20 dentro del contingente general, por lo que solo con los empadronados en el municipio, que hayan podido demostrar una residencia continuada como mínimo de ocho años, ya se llenarán los nueve pisos que salen al mercado del alquiler.
De las nueve viviendas de esta promoción un 15 por ciento se destina a jóvenes menores de 35 años del municipio, por lo que se reserva uno de los pisos, de una habitación, para cubrir ese porcentaje.
Además de la renta familiar, las situaciones de especial vulnerabilidad o los programas dirigidos a colectivos concretos como los jóvenes, para acceder a una vivienda de protección oficial se tiene en cuenta ese arraigo en el término municipal, justificado con el empadronamiento. Solo una vez agotada la lista preferente se pasaría a la general, en la que se puede contar con una residencia inferior a los ocho años o incluso haber estado empadronado en otro municipio de la comunidad autónoma como mínimo durante un año.
La promoción que pronto estrenarán sus inquilinos en Es Migjorn Gran cuenta con tres viviendas de una habitación doble, una vivienda adaptada de una habitación y cinco pisos de dos habitaciones. El recibo de alquiler no superará el 30 % de los ingresos de la unidad de convivencia y el contrato será de siete años.
El apunte
Crítica a los municipios por no aprovechar el decreto de Vivienda
El balance de 2023 y las previsiones para 2024 de los constructores no augura una mejoría del mercado de la vivienda, sino todo lo contrario. La Asociación de Constructores de Balears mostró ayer su «decepción» al constatar que «la mayoría de los ayuntamientos no está aprovechando las medidas recogidas en el decreto de emergencia de vivienda», que ahora se tramita como ley en el Parlament, «para obtener un mayor aprovechamiento del suelo urbano» y generar vivienda sin consumir territorio.Los miembros del comité ejecutivo de la entidad, entre ellos su vicepresidente, el constructor menorquín Climent Olives, presentaron ayer el balance de actividad de 2023, en el que destaca la bajada de la inversión privada, de un 23 por ciento en Menorca, pasando de 143 a 110 millones de euros, y la caída asimismo de los proyectos de vivienda. «Las cifras del 2023 confirman que nunca se ha creado tan poca vivienda, a excepción de en la crisis inmobiliaria, como en la actualidad, a pesar de vivir una emergencia habitacional», señalan los constructores, quienes constatan un déficit actual de vivienda en Balears de 35.000 unidades. La situación se agrava, añaden, por la escasez de suelo y su precio.