La clandestinidad en la que viven miles de personas, sin acceso a derechos y condenados a trabajar en la economía sumergida, es una realidad «que también tocamos en Menorca», asegura Mar Pons, coordinadora de Inclusión Social de Caritas Menorca. La ONG de la Iglesia Católica es una de las que ha promovido, con la recogida de firmas, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para poner en marcha la regularización extraordinaria de extranjeros, casi 20 años después de la última realizada con el gobierno de Rodríguez Zapatero. Según Pons, la propuesta que ha llegado al Congreso es «por respeto a los derechos fundamentales de las personas, porque vemos que son invisibles y quedan desprotegidas, en situación de explotación». La ILP también apunta al lado económico de esta situación, ya que son personas que no cotizan, su trabajo no reporta ingresos a las arcas del país, recuerda Pons.
En Menorca esa economía B está sobre todo en los pequeños trabajos de construcción y reformas, y en el ámbito de los cuidados de personas y niños así como en la limpieza del hogar, afirma la coordinadora de Inclusión, siempre desde la experiencia de los que llegan a Caritas.
Un 37 por ciento de las 1.860 personas que recurrieron a la ayuda de la entidad de la Iglesia el año pasado estaba en situación administrativa irregular, y el colectivo que más destaca es el de ciudadanos procedentes de países latinoamericanos.
La entrada en Menorca de las personas sin papeles se produce por vía aérea y no tanto a través de las pateras por mar, como sucede en el resto del archipiélago. Un visado de turista o estudiante y un pasaporte en regla permiten el acceso, con un regreso al país de origen que nunca se da, quedando entonces a la espera de poder tramitar una autorización de residencia, en el caso del arraigo social ligada a una oferta laboral legal, que en muchos casos no llega. «Tenemos casos de personas que entran en España como turistas, han vendido lo que tienen, abandonan todo y llegan aquí, por diferentes motivos pero uno de ellos la inseguridad en sus países de origen», relata la responsable de Caritas.
Si no tienen regularizada su situación, sin número de identificación o NIE, «no pueden hacer trámites ni acceder a ayudas» y se ven abocados a trabajar en la economía sumergida. Sin embargo, el sistema sanitario responde, todos los consultados para elaborar este artículo, alaban su funcionamiento y el acceso universal al mismo. Las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en el territorio español. Algunas comunidades exigen el empadronamiento, aunque como norma general lo que se debe demostrar es que se lleva más de 90 días en el territorio nacional.
En cualquier caso las Urgencias «atienden a todo el mundo», resalta Pons, «tenemos un buen sistema de salud, igual que la educación, porque todos los niños en Menorca se escolarizan». Para ello Caritas realiza su trabajo de acompañamiento, en caso de que haya problemas con el empadronamiento, y también encuentra el apoyo de los servicios sociales de los ayuntamientos. La ILP promovida por 900 ONG entre ellas varias ligadas a la Iglesia como Caritas calcula que en España hay unas 500.00 personas en situación irregular, y su perfil es claro: mujer y latina. Este colectivo representa a la gran mayoría de las personas detectadas en los diferentes estudios, tanto en Balears como en el resto de comunidades.
En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de migrantes desde 1985. Esta ILP llega en un momento en el que Europa ha firmado el Pacto Migratorio que endurece el acceso al asilo y fortalece las devoluciones en fronteras.