«Me han elegido para dar ejemplo, pero da rabia que a otros no les digan nada»

Mariana, una argentina residente en la Isla desde hace más de 20 años, siente ser víctima del doble rasero de la administración a la hora de sancionar la construcción ilegal de ‘hortals' en rústico.

El Consorcio Insular de Disciplina Urbanística la obliga a demoler una pequeña vivienda de 30 metros cuadrados que ella y su entonces marido levantaron sin licencia en un huerto a medio camino entre el albergue juvenil de Sa Vinyeta y la carretera de Cala en Blanes, al norte de Ciutadella.

Allí, en una casa de campo con dos pequeñas habitaciones, un baño y un salón-cocina, residieron entre 2009 y 2020, y hasta iniciaron también la construcción de un cobertizo y un pequeño anexo -ahora apuntalado- que dejaron sin concluir.

Mariana, ya divorciada y con la hija en común a su cargo, admite que compraron «sin tener conocimiento» de la problemática de los ‘hortals'. Tras buscar sin éxito una finca en el campo por Maó y Sant Lluís, dieron con este huerto en Ciutadella y «la inmobiliaria nos dijo que se podía construir y regularizar. Nos sorprendió. El precio nos pareció supereconómico y temimos que hubiera algo raro».

Construyeron sin permiso, «porque así nos lo indicaron: que fuéramos haciendo y ya sacaríamos los permisos preceptivos sobre la marcha». Lo cierto, no obstante, es que «entramos en un túnel donde lo único que encontramos fueron trabas. Estando embarazada, me pasé un tiempo yendo del Ayuntamiento al Consell y de éste otra vez al Ayuntamiento. El vaivén de la desinformación desde el comienzo me confundió y no tenía ayuda sobre cómo hacer las cosas».

Ahora Mariana dice sentir «rabia, porque me han elegido a mi para dar ejemplo, cuando tengo a muchos conocidos pagando un montón por un alquiler en rústico, y a los dueños nadie les dice nada. Hay casas de 300 metros con piscina que se alquilan. No sé cómo lo hacen. Un hombre me dijo: ¿Sabes qué pasa? A ti te falta el apellido. Por eso me da rabia, porque yo solo quiero vivir, no beneficiarme de eso».

Con su abogado recurriendo para retrasar la demolición, Mariana ha empezado a «vaciar mi vida de 11 años aquí. Ya han venido cuatro camiones de chatarreros a buscar todo tipo de cosas, y hasta un italiano me quiso comprar el huerto, pero me he negado. Comparto la propiedad con mi ex, no sé nada de su vida y quiero que esto se lo quede mi hija. Trataré de tirar solo el anexo y poder conservar la vivienda».

Sus vecinos, dice, la apoyan. «Les da mucha pena la situación. Hace cuatro años evité que mataran a un caballo de una pedrada y ayudo a evitar robos». La Associació d'Hortals de Menorca también le ha dado amparo .

Ahora pide un piso de protección: «No hay un solo alquiler»

Desde que en 2020 se le notificó la orden de demolición, Mariana ha logrado retrasar el derribo con la ayuda de su abogado, y se ha puesto a buscar un nuevo lugar en el que vivir.

Buceó en el mercado de alquiler, pero no encontró «nada. Una amiga que vive en Madrid me pidió también que le encontrara una vivienda, porque quería venirse, pero se lo dije muy claro. A no ser que venga con una autocaravana o una tienda de campaña, no hallará ningún piso libre».

A Mariana la salvó la vecina del hortal contiguo, que le alquila un apartamento de su propiedad para que pueda vivir con su hija de 14 años. «Y eso implica que estoy ocupando el sitio de alguien que realmente lo necesita», dice, consciente del grave problema de la falta de vivienda que sufren centenares de residentes.

Ahora se ha inscrito como demandante de uno de los 160 pisos de protección oficial que el Ibavi tiene previsto construir    «justo aquí cerca», frente al cuartel de la Guardia Civil en Dalt Sa Quintana.

Acostumbrada a vivir en el campo, considera «sorprendente que me echen de aquí y, en cambio, vaya a vivir en un bloque de pisos, como si de una tierra diferente se tratase».