La decisión del Ejecutivo de Marga Prohens de suprimir la Comisión de Medio Ambiente, y que su trabajo pase a manos de un alto cargo dependiente de la Conselleria de Vivienda, similar a una dirección general, dejaría a Menorca sin la voz y el voto que hasta ahora tenía en dicho organismo, que es el encargado de realizar las evaluaciones ambientales en Balears.
La Comisión de Medio Ambiente es un organismo muy cuestionado por el Partido Popular, y su supresión se concretará en el decreto de simplificación administrativa en el que trabaja el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, con el objetivo de que sea aprobado este mismo mes, y el cual también incluirá la supresión y modificación de numerosas normas que los populares consideran que son una rémora para el buen funcionamiento de la Administración. La Comisión también está en el punto de mira de los constructores y promotores inmobiliarios, que reclaman desde hace tiempo una simplificación de los trámites administrativos.
Sin voz ni voto
La Comisión Balear de Medio Ambiente se compone de un pleno y de una comisión técnica, en la cual se garantiza la representación de las distintas direcciones generales del Govern, así como de los consells, los ayuntamientos, la Administración del Estado y las organizaciones sociales de carácter medioambiental, como el GOB.
Antes de llegar al pleno de la Comisión para su aprobación, los proyectos pasan por uno de los dos subcomités en los que se divide la comisión técnica, donde los técnicos responsables de cada proyecto exponen las ponencias, que se discuten con los representantes de los distintos departamentos del Govern, administraciones y entidades. Pero ahora, con la supresión de la Comisión es de prever que todo este proceso deliberativo deje de producirse, y que los informes de los técnicos se aprueben directamente por el alto cargo designado por el Govern a tal efecto, con lo que Menorca perderá la voz y el voto que hasta ahora tenía durante el proceso.
Además, el orden del día y las deliberaciones que se producían durante los subcomités y el pleno de la Comisión quedaban plasmadas en actas de carácter público, con lo que ahora el proceso de aprobación de los informes perderá transparencia.
Reacción del Consell
Desde el Consell, consideran que aunque Menorca pierda la representación directa en la Comisión, si la reforma consigue agilizar la tramitación de los proyectos, se podrá dar por buena. «Es verdad que hasta ahora estábamos representados en las comisiones y en el pleno, pero en principio no vemos inconveniente en este sentido», asegura la consellera de Ordenación del Territorio, Núria Torrent, quien considera que esta es «una buena iniciativa del Govern, que no disminuirá la protección ambiental y, en cambio, sí que agilizará la tramitación administrativa, que era una cuestión que nosotros llevábamos en el programa electoral».
Torrent también afirma que «hasta ahora el funcionamiento de la Comisión era una traba administrativa importante, por lo que si se garantiza la protección ambiental, desde el Consell nos parece bien».
La izquierda, en contra
En cambio, desde los partidos de la izquierda lo ven de distinto modo. El diputado del PSOE, Marc Pons, está de acuerdo en la necesidad de ganar agilidad en las tramitaciones, aunque denuncia que «la supresión de la Comisión quitará garantías vinculadas a la protección del territorio». Además, recuerda que «ahora los consells dejarán de estar sentados allí y, por tanto, se resolverá sin que ellos tengan derecho a hablar directamente con cada una de las direcciones generales afectadas».
Pons también lamenta las ansias desreguladoras del actual Govern. «Lo que hay es una prioridad de beneficiar al sector inmobiliario para que multiplique las ganancias en detrimento del sector turístico y de la calidad de vida de los ciudadanos», sentencia.
Por su parte, desde Més advierten que la supresión de la Comisión supondrá una degradación de los recursos naturales y un empeoramiento de los problemas ambientales. «Este Govern no da ningún paso para agilizar los trámites para las personas que piden el reconocimiento de un grado de dependencia o la burocracia para los enfermos y sus familias; en cambio, se afana para simplificar la administración para allanar el camino a los promotores y grandes empresas», asevera el portavoz de la formación ecosoberanista, Josep Juaneda.
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