La OSP o tarifa máxima en los vuelos entre Menorca y Barcelona que pretende implantar en breve el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana implicaría que las compañías tendrían que rebajar el precio de uno de cada veinte billetes que se está vendiendo en la actualidad en esta ruta, en concreto, del 5 por ciento más caro de los asientos comercializados a lo largo de un ejercicio completo.
Estos son los cálculos que se han realizado desde la Dirección General de Aviación Civil sobre la aplicación de un precio máximo, a modo de prueba piloto, que de momento no ha trascendido y sobre el que el Gobierno central insiste en mantener la máxima confidencialidad.
Además, los estudios que han efectuado desde el Ejecutivo estatal consideran que la aplicación de esta tarifa máxima no tendrá una repercusión directa sobre los precios más bajos, sobre los chollos que permiten viajar a Barcelona por precios realmente bajos en fechas que no son punta, como los fines de semana de invierno o los días laborales a horas poco populares.
Estos cálculos responden a uno de los temores que se habían generado en la Isla en relación con la aplicación de la tarifa máxima u OSP con Barcelona, y que verbalizó el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, en una intervención en el Ateneu de Maó.
Compensado por las aerolíneas
Según la información de que dispone el diputado estatal Pepe Mercadal, del PSOE, estos cálculos estiman que la reducción de ingresos que conllevaría fijar una cantidad tope por norma en el importe por el que puede cobrar cada asiento sería compensado por parte de las aerolíneas incrementando el precio de aproximadamente un 20 por ciento de los asientos que están en el mercado en estos momentos.
No obstante, indica la misma fuente, este 20 por ciento correspondería siempre a la parte de los billetes más caros, aquellos que se sitúan en la franja de precios inmediatamente inferiores a los que se verían rebajados por el efecto directo de la aplicación de la tarifa máxima. O lo que es lo mismo, el 75 por ciento de los billetes que se están comercializando en la ruta, concretamente el 75 por ciento que son más asequibles en estos momentos, no se verían afectados por la declaración de tarifa máxima en la ruta Menorca-Barcelona, ni directa ni indirectamente, siempre según los cálculos y estimaciones del Ministerio. La base de este argumento es que los precios chollo permiten llenar aviones en horarios y días de baja demanda.
Estos estudios ya se han puesto sobre la mesa en las recientes reuniones previas del Gobierno con el Consell y el Govern, encuentros que se esperan reanudar en breve para tratar de consensuar los pormenores de la medida. Diversas fechas de inicio planteadas hasta ahora se han ido posponiendo por diversas cuestiones, entre ellas la falta de acuerdo entre instituciones. La inquietud por un hipotético efecto perverso de la medida es una de las cuestiones que desde el Gobierno central intentarán disipar en este próximo encuentro.
Los chollos, irrenunciables
Desde el Gobierno central, explica Pepe Mercadal, han centrado sus esfuerzos en buscar una tarifa máxima que impide el cobro de tarifas abusivas en fechas puntas como Semana Santa, Navidad o los fines de semana de agosto, sin llegar a poner en riesgo ni la viabilidad económica de la presencia de las compañías en la ruta ni la existencia de las tarifas más reducidas en momentos concretos de la temporada.
«La conclusión es que se puede recudir el 5 por ciento de las tarifas sin corromper el mercado ni acabar con los precios más bajos». Se basan los cálculos realizados desde Madrid en que las aerolíneas necesitan llenar los aviones en las fechas que no son punta, algo que solo es posible con estas tarifas que actúan como reclamo por sí mismas.
«La tarifa máxima es una solución a los abusos que se producen en días como Navidad o Semana Santa, dejaremos de ver precios exorbitados cuando los estudiantes quieran regresar a casa», comenta Mercadal. El diputado socialista quiere dejar claro que «no es la panacea, no son precios baratos para todos» pero que hay que ser consciente que «si bajaran más la tarifa máxima peligrarían los chollos, la solución final beneficia a unos sin perjudicar a nadie». Por ello, Pepe Mercadal insta a Govern y Consell, al PP, a ser receptivos con la propuesta del Ministerio de Transportes.
El apunte
Prueba piloto de 18 meses y con cláusula de escape
Desde el Gobierno mantienen con celo la confidencialidad de la tarifa máxima de la ruta con Barcelona. Cuando se empezó a abordar esta cuestión, la petición que surgió de Balears eran 60 euros por trayecto (sin residente, 15 euros con el descuento), una cifra que se aleja bastante de las que maneja ahora mismo los responsables estatales de la aviación civil. Un estudio preliminar abrió una horquilla de 60 a 180 euros por trayecto, pero el Govern la dio por obsoleta hace unos meses. No obstante, la cifra final, todavía no concretada públicamente por el Ministerio, podría moverse incluso dentro de estos márgenes. Lo que es seguro es que con la aplicación de la medida se dejarán de ver precios exagerados por trayecto, por encima incluso de los 250 euros por viaje.
La prueba piloto, comenta el diputado Pepe Mercadal, se realizaría en la ruta entre Menorca y Barcelona, y en paralelo en la conexión entre Madrid y Lanzarote. En el caso de que el Govern y el Consell pongan pegas, la canaria iría hacia adelante sin la balear.
Mercadal prefiere que no se hable de OSP con Barcelona, puesto que no incluye ningún tipo de limitación ni compensación económica más allá de fijar una tarifa máxima. Se realizaría en un periodo inicial de 18 meses, pero con una cláusula de escape, es decir, que si la administración pública advierte en algún momento una distorsión del mercado perjudicial para el interés del ciudadano, puede recurrir a una «cláusula de escape» que anula la medida. En paralelo, se trabaja para que la ruta con Barcelona cuente con mayor oferta, como sería el caso de Ryanair, que en su momento dejó de operarla por razones internas.