Las empresas fabricantes de calzado de la Isla atraviesan un año 2024 «nada halagüeño», rodeado de incertidumbres por la situación geopolítica mundial y con la amenaza de sufrir serias tensiones de tesorería por las consecuencias para el sector de la aplicación de la Ley de Morosidad. Lo explica el presidente de la Asociación de Fabricantes de Calzado de Menorca, Juan Carlos Fernández de Salort, en un escrito que se puede leer íntegramente en el Anuario 2023 de El Económico que se entrega este domingo con «Es Diari».
Fernández de Salort explica que la nueva normativa obliga a las fábricas a pagar a sus proveedores en un plazo de 30 días, si no quieren sufrir penalizaciones como, por ejemplo, el veto a recibir ayudas que superen los 30.000 euros y la imposibilidad de optar a concursos públicos. El presidente de los fabricantes de calzado de Menorca denuncia que el Gobierno impone las mismas condiciones a todos los sectores sin tener en cuenta los ciclos de la fabricación de calzado, que implican entre ocho y nueve meses entre la gestación de los productos y su culminación. «El Estado no está sujeto a dichas medidas (contra la morosidad) y como ejemplo están las devoluciones del IVA que se dilatan hasta los seis meses», lamenta. Tener que pagar en un plazo de un mes cuando no se va a cobrar en al menos ocho meses provoca, denuncia, «huecos de tesorería» que preocupan al sector.
Inspecciones
El panorama que describe Fernández de Salort no es el idóneo para la correcta marcha del negocio: con una Europa afectada por las guerras, un consumo que se ha resentido por el incremento de los precios –derivado del aumento de costes– y que está «por debajo de lo previsto» y bajo la lupa de Inspección laboral, que «nos ataca con dos, tres y hasta cuatro inspecciones anuales por empresa para luchar contra la figura de los fijos discontinuos».