El departamento de Bienestar Social del Consell convocó ayer a ayuntamientos, representantes del Estado y cuerpos policiales para poner en común posibles acciones ante el fenómeno de la ocupación ilegal. Durante el encuentro se puso el acento en la necesidad de establecer una mejor coordinación entre administraciones. La institución insular se reafirmó en su compromiso de velar por la seguridad de los menores implicados y abrir nuevos canales de coordinación para que sus necesidades estén siempre cubiertas de forma garantizada.
Según informan desde el Consell, en el desarrollo de la reunión los cuerpos policiales dieron cuenta de la falta de efectivos que padecen, entre otras carencias existentes que dificultan tanto la intervención de la Justicia como de los servicios sociales. Se recalcó la necesidad de que los propietarios interpongan denuncia ante los casos de ocupación para que la administración pueda actuar.
La consellera Carmen Reynés indicó que «es muy importante tener una efectiva y rápida coordinación con los agentes de la policía local cuando haya situaciones de ocupación y que, además, puedan existir convenios de colaboración entre las policías de diferentes municipios para cubrir situaciones urgentes y excepcionales».