«El francés está encontrando aquí algo que había en Francia y que ahora es más difícil de encontrar, en términos de protección del campo, no hay que olvidar que todo francés, en el fondo, es un campesino, la tierra está en nuestro ADN», apunta Michel Magnier, cónsul honorario de Francia en Mallorca, sobre las razones por las que cada vez más ciudadanos galos deciden comprar casa en Menorca. A ese lado romántico se le añaden los buenos precios, comparados con los del resto de Balears, y la mejora experimentada en las comunicaciones con el país galo.
Michel Magnier (Palma, 1965) es cónsul desde 1993. Hijo de francés y española, este abogado ha ocupado el cargo con distintos gobiernos en ambos países y ha sido testigo de la evolución de Balears y del sector inmobiliario, al que se dedica junto al de las herencias. La agencia John Taylor Menorca, en el puerto de Maó, contó ayer con su visita para explicar a los ciudadanos franceses qué deben tener en cuenta en un proceso de compra.
¿Sobre qué cuestiones básicas deben asesorarse los inversores?
—Yo les informo de todo el proceso, desde que encuentran un activo que les interesa hasta que éste se inscribe en el Registro de la Propiedad; es importante que sepan cómo cumplir sus obligaciones fiscales, las cuestiones hipotecarias, qué rentabilidad pueden obtener, y qué sucederá el día de mañana, cuando no estén, cómo se regula la herencia (España y Francia tienen un convenio que data de 1964). Los compradores tienen el reflejo de pensar, por ejemplo, que un notario tiene las mismas funciones aquí que en Francia, y muchas no lo son. Hay que verificar también los activos en temas urbanísticos, los usos y las posibles servidumbres.
¿Hay casos de ciudadanos galos que se hayan podido sentir engañados?
—Los hay, pero hay una culpa compartida, alguien que llega a un país y no escucha, no se asesora ni conoce la idiosincrasia, y que parte de la premisa de que se hace lo mismo que en su país de origen..., eso es un error. Ahí entra la labor de un buen abogado y de una inmobiliaria que tenga un expediente completo.
La situación urbanística del inmueble, sobre todo en rústico, ¿cobra cada vez más importancia?
—Así es, antes se comprobaba la propiedad, las cargas hipotecarias y si existía alguna servidumbre o anotación preventiva de una demanda, si todo estaba correcto la operación iba adelante. Ahora el precio de una propiedad va a depender de lo legales -o legalizables-, que sean las obras, hablamos sobre todo de viviendas en el campo, no en suelo urbano. Lo importante es comprar con conocimiento de causa, es lo que yo pretendo, dar información y que no se den cosas por sentadas, no todo lo que uno ve, por el mero hecho de verlo, es legal.
Menorca lleva años atrayendo compradores franceses ¿cree que esa tendencia seguirá o ha llegado a un tope?
—Creo que va a ir a más. Menorca sigue siendo lo que más se acerca a aquello que los franceses conocían, hace 30 años, en su país. Un segundo aspecto es la mejora enorme de las comunicaciones, y aquí Corsica Ferries ha abierto nuevos horizontes para franceses que antes no podían venir con la misma facilidad; pero además es que Menorca sigue siendo en relación a las otras islas, la más barata. Cuesta menos comprar un mismo producto, con parámetros idénticos, que en las otras islas. Estos tres puntos han hecho que los franceses se vuelquen en invertir aquí, creo que la tendencia seguirá y los precios van a subir.
Entonces prevé un aumento del efecto gentrificador, la población local se siente expulsada, no puede comprar.
—Ese es un mal de todas las islas. Pude participar en el debate para repensar el modelo turístico, junto a otros agentes. Todo el mundo está de acuerdo en el diagnóstico, este modelo se ha quedado obsoleto, no se puede seguir creciendo así. Yo soy partidario de que todo aquel que venga conozca nuestros problemas, hay que hacer un esfuerzo pedagógico en origen para que sean sensibles, y los residentes extranjeros, los que tienen un proyecto de familia aquí, deben poder opinar. Hay que tenerles en consideración para buscar soluciones a un modelo que padecemos todos, también hay familias francesas que han apostado por venir aquí y se han encontrado con un contexto económico inasumible. Debemos buscar una solución para que nuestros jóvenes puedan vivir de una forma decente, no es fácil. Todos conocemos el problema pero si hay restricciones, estas deben ser legalmente asumibles y acordes con el espíritu de la Unión Europea.
¿La okupación trasciende fronteras? ¿Les preocupa a los franceses que no viven todo el año en la Isla?
—La gente viene a hablarme de temas muy dispares, de amparo social por ejemplo, pero nadie ha venido de momento preocupado porque su vivienda pueda ser okupada. Les preocupa la fiscalidad, el pasar a depender de ayudas ya no de Francia, sino de España y, al estar descentralizadas, del Govern o del Consell; también preguntan por temas de urbanismo y se suelen quejar de que hay muchísima reglamentación.
¿Buscan rentabilizar sus viviendas cuando están vacías con el alquiler turístico?
—Eso también ha cambiado, antes rentabilizar una inversión con el alquiler turístico no estaba en la cabeza de nadie, y ahora sí, para poder asumir gastos, hay más presión fiscal, la energía y el agua son más caras aquí que en Francia, así que buscan rentabilizar esa apuesta. Lo que sucede es que ha habido un desbarajuste total, todo el mundo se ha puesto a hacer alquiler vacacional con consecuencias como la opacidad fiscal, el intrusismo y la competencia desleal a los hoteles y la reducción de la vivienda habitual en arrendamiento. Hemos entrado en una espiral muy complicada.
De momento sigue la moratoria ¿cree que se levantará?
—Creo que si se levanta no habrá barra libre sino que aquel que quiera entrar en el mercado tendrá que esperar a que alguien salga. Cuando se libere una plaza alguien la podrá coger para desarrollar el alquiler vacacional.