El Consell se está planteando seriamente la opción de permitir que empresas privadas compitan en la Isla por la prestación del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). La institución insular valora muy positivamente la posibilidad abierta por el decreto de simplificación administrativa del Govern de liberalizar un servicio que en el actual régimen de monopolio por el sistema de concesión se ha revelado muy problemático, con escasez de medios, incumplimientos de contrato y largas listas de espera que generan un gran malestar entre la ciudadanía y los sectores económicos que necesitan tener sus flotas de vehículos a punto.
La Conselleria de Empresa, Ocupación y Energía organizó este lunes una reunión con representantes de los consells para coordinar la liberalización de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos con el objetivo de «reducir los tiempos de espera, mejorar los estándares de calidad del servicio y paliar el déficit de estaciones ITV». Al término del encuentro, el conseller de Movilidad de Menorca, Juan Manuel Delgado, aseguraba que «es muy interesante tener esta nueva posibilidad» que, subraya, llega en «un buen momento, cuando no estamos atados en nada», en alusión a la situación en que se encuentra la concesión del servicio de la ITV en Menorca.
Cabe recordar que el Consell lleva meses trabajando en la redacción de los pliegos del nuevo contrato que debe regir el servicio de la ITV. El actual acuerdo de concesión –firmado con TÜV Rheinland Certio– expiró el 30 de noviembre de 2023 y desde entonces se ha aprobado una prórroga de un año. Desde el departamento de Movilidad ya dan por hecho que no llegan a tiempo para redactar las condiciones del nuevo concurso y que tendrán que volver a prorrogar un contrato que podría prolongarse un máximo de cinco años. En este punto de impasse el Consell tiene las manos libres para abrir al libre mercado las inspecciones técnicas, sin temor a reclamaciones por parte de la adjudicataria.
Es el contexto en que el Consell abraza la llegada de la posibilidad de liberalizar el sector. El decreto de simplificación administrativa establece que la inspección técnica de vehículos puede efectuarse «por empresas privadas, con su personal propio y en régimen de concesión administrativa o autorización». Es esta última opción, la de dar permiso a empresas para que ofrezcan el servicio al margen de la administración, la que el Consell analizará, aunque está a la espera de ver la concreción de las reglas del juego que se articularán a través de un nuevo decreto.
En la reunión mantenida este lunes en Palma, el Govern puso sobre la mesa un borrador de ese decreto que recogerá los principios generales que regularán los procesos para autorizar las estaciones de inspecciones técnicas de vehículos en el territorio. El proceso se ha puesto en marcha con el acuerdo de todos los consells, según explicó este lunes el Ejecutivo autonómico.
Delgado reiteró que los servicios técnicos y jurídicos del Consell van a estudiar al detalle la posibilidad abierta por el Govern, que va en sintonía tanto con la legislación europea, como con las recomendaciones que ha venido haciendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este órgano pone de manifiesto que España acumula un importante retraso en la liberalización de un sector que solo está abierto a la competencia en dos comunidades autónomas, Madrid y Canarias.
Desde el Govern se referían este lunes a esos dos casos y subrayaban que los informes de la CNMC «inciden en que un régimen con mayor dosis de liberalización supondrá un incremento exponencial de estaciones de ITV en el territorio, a la vez que reportará otros beneficios para los usuarios, ya que los operadores compiten en localización, horario, servicios adicionales y precio». En ese sentido, el conseller de Empresa, Ocupación y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, explicó que la apertura del mercado ofrece a los gobiernos insulares herramientas para elegir entre los distintos modelos de gestión posibles «con el objetivo de optimizar los tiempos de espera de la ciudadanía, facilitar la mejora de las instalaciones, y garantizar la seguridad de los vehículos».
La antigüedad media de los turismos ya supera los 13 años
Las inspecciones técnicas para comprobar el buen estado de los vehículos son cada año más necesarias para garantizar la seguridad. No en vano, lejos de mostrar síntomas de renovación, las últimas estadísticas de la Dirección General de Tráfico señalan a lo contrario, a un progresivo envejecimiento del parque de vehículos de la Isla. Los datos actualizados de la DGT, segregados por municipios, sitúa la antigüedad media entre los 12,57 años en Maó y los 13,67 años en Es Migjorn. Por primera vez la media de los municipios de la Isla supera los 13 años.
El apunte
Siete empresas del sector optaron al servicio hace 6 años
Una de las dudas que genera la nueva opción de abrir al libre mercado el servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es el interés que la liberalización pueda generar entre el sector privado. Si puede servir como referencia, valga recordar que en el último proceso de licitación del servicio el concurso impulsado por el Consell despertó un considerable respuesta del sector. Se presentaron siete propuestas, cuatro de ellas de pequeñas y medianas empresas. Al margen de Certio, que fue la que finalmente se hizo con el contrato, optaron también la UTE formada por Lidercon Perú SAC y Zilfeco SL, Revisions de Vehicles SA, General de Servicios ITV SA, Estación ITV Vega Baja SA (Itebasa), Grupo Itevelesa SLU e ITV Barbastro SA.
El contrato se lo llevó finalmente Certio (después TÜV Rheinland Certio) por un importe de 6,6 millones de euros para cinco años. Fue la empresa que presentó la mejor de las ofertas económicas para la prestación de un servicio que a lo largo de los últimos ya casi seis años ha provocado multitud de problemas a la institución insular, que llegó a abrir expediente sancionador a la concesionaria. Ello no ha impedido que se haya aprobado una prórroga del contrato por un periodo de un año con un valor estimado de 1,3 millones de euros.
Está claro que la prestación del servicio de la ITV en la Isla genera interés entre los operadores del sector, aunque cabe recordar que el contrato concedía en la práctica el monopolio a la empresa adjudicataria, una condición que no se podría mantener si el Consell apuesta por la liberalización del mercado mediante autorizaciones administrativas.