El Seprona extiende su investigación al depósito municipal de aguas de Es Caragolí

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ultima la operación que tiene en marcha en Ciutadella por un delito medioambiental contra los recursos naturales antes de su inminente remisión al fiscal y al Juzgado. Investiga, desde hace tres años, la sobreexplotación y salinización de un número indeterminado de pozos que abastecen a la población, sin que los gestores municipales tomaran las medidas precisas para corregirlo.

El foco apunta al anterior gobierno tripartito e imputa la responsabilidad a la exprimera teniente de alcalde de Turismo y Aguas, Noemí Camps, y al jefe de los servicios técnicos municipales, Joan Moll Serra, quien llegó a ser detenido y, después, puesto en libertad. Pero, según fuentes de la investigación, no se apunta, por ahora, más arriba y, por tanto, no se tiene a la exalcaldesa Joana Gomila como investigada.

Los dos agentes de la Comandancia de Palma que el martes se personaron en el Ayuntamiento y fueron atendidos por la alcaldesa intervinieron documentación e interrogaron a varios técnicos municipales. Ya fuera del Consistorio, citaron a declarar en el cuartel de la Guardia Civil a otros testigos, entre ellos el gerente de Aigües Cala Blanca, Sam Moll, que esta semana ha reiterado la petición que viene formulando desde 2017 para que el Ayuntamiento se haga cargo de las instalaciones y del suministro a Cala Blanca, Santandria y Sa Caleta.

Como explicaba ayer este diario, la investigación se inició a raíz de una denuncia particular por la sobreexplotación sin permiso, y con el informe desfavorable de Sanidad, de los pozos de Ses Arenes de Dalt. El empresario Valeriano Allés, que administra la sociedad Arenes Ciutadella SL, denunció al Ayuntamiento y a la Dirección General de Recursos Hídricos, cuya demanda, según su abogado, está a punto de ser resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Balears.

Valeriano Allés explicó ayer que los pozos de Ses Arenes se explotaron sin autorización durante 14 años y hasta llegó a extraerse agua del acuífero salinizado mediante una bomba instalada 30 metros por debajo del nivel máximo permitido.

La investigación se ha acabado extendiendo a otras captaciones de gestión pública. Es el caso del depósito municipal de Es Caragolí, donde el Seprona ha realizado diversas mediciones y cuya situación centró buena parte de los interrogatorios de este martes.

El alcance, aún desconocido, de la investigación hace temer que sean varios los pozos afectados que cabría dejar de utilizar. Un motivo añadido que amenaza con tener bloqueado aún durante más tiempo el nuevo Plan General y, con ello, el futuro crecimiento del suelo urbano e industrial en Ciutadella.
El Plan de Gestión Sostenible del Agua, que el Ayuntamiento debería tener por normativa desde 2019, se aprobó hace un año, pero ha sido rechazado ya dos veces por Recursos Hídricos, que no ve garantizada la suficiencia de agua que se necesita para autorizar nuevos desarrollos. El plan ya preveía la apertura de nuevos pozos y un mayor uso de agua desalada para hacer descansar los acuíferos y dejar de usar los pozos más sobreexplotados.

El concejal de Urbanismo, Joan Benejam, lamentó ayer que los responsables políticos del mandato anterior no tomaran las medidas que se requerían tras las denuncias, puesto que «el problema podría estar ya en vías de solución. Abrir nuevos pozos o conectar Es Caragolí a la desaladora no es algo que pueda hacerse en dos días». La Conselleria del Mar trabaja desde hace meses en el proyecto de interconexión, que costará 6 millones y precisará de 22 meses de obras.