El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ultima la operación que tiene en marcha en Ciutadella por un delito medioambiental contra los recursos naturales antes de su inminente remisión al fiscal y al Juzgado. Investiga, desde hace tres años, la sobreexplotación y salinización de un número indeterminado de pozos que abastecen a la población, sin que los gestores municipales tomaran las medidas precisas para corregirlo.
El foco apunta al anterior gobierno tripartito e imputa la responsabilidad a la exprimera teniente de alcalde de Turismo y Aguas, Noemí Camps, y al jefe de los servicios técnicos municipales, Joan Moll Serra, quien llegó a ser detenido y, después, puesto en libertad. Pero, según fuentes de la investigación, no se apunta, por ahora, más arriba y, por tanto, no se tiene a la exalcaldesa Joana Gomila como investigada.
Los dos agentes de la Comandancia de Palma que el martes se personaron en el Ayuntamiento y fueron atendidos por la alcaldesa intervinieron documentación e interrogaron a varios técnicos municipales. Ya fuera del Consistorio, citaron a declarar en el cuartel de la Guardia Civil a otros testigos, entre ellos el gerente de Aigües Cala Blanca, Sam Moll, que esta semana ha reiterado la petición que viene formulando desde 2017 para que el Ayuntamiento se haga cargo de las instalaciones y del suministro a Cala Blanca, Santandria y Sa Caleta.
Como explicaba ayer este diario, la investigación se inició a raíz de una denuncia particular por la sobreexplotación sin permiso, y con el informe desfavorable de Sanidad, de los pozos de Ses Arenes de Dalt. El empresario Valeriano Allés, que administra la sociedad Arenes Ciutadella SL, denunció al Ayuntamiento y a la Dirección General de Recursos Hídricos, cuya demanda, según su abogado, está a punto de ser resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Balears.
Valeriano Allés explicó ayer que los pozos de Ses Arenes se explotaron sin autorización durante 14 años y hasta llegó a extraerse agua del acuífero salinizado mediante una bomba instalada 30 metros por debajo del nivel máximo permitido.
La investigación se ha acabado extendiendo a otras captaciones de gestión pública. Es el caso del depósito municipal de Es Caragolí, donde el Seprona ha realizado diversas mediciones y cuya situación centró buena parte de los interrogatorios de este martes.
El alcance, aún desconocido, de la investigación hace temer que sean varios los pozos afectados que cabría dejar de utilizar. Un motivo añadido que amenaza con tener bloqueado aún durante más tiempo el nuevo Plan General y, con ello, el futuro crecimiento del suelo urbano e industrial en Ciutadella.
El Plan de Gestión Sostenible del Agua, que el Ayuntamiento debería tener por normativa desde 2019, se aprobó hace un año, pero ha sido rechazado ya dos veces por Recursos Hídricos, que no ve garantizada la suficiencia de agua que se necesita para autorizar nuevos desarrollos. El plan ya preveía la apertura de nuevos pozos y un mayor uso de agua desalada para hacer descansar los acuíferos y dejar de usar los pozos más sobreexplotados.
El concejal de Urbanismo, Joan Benejam, lamentó ayer que los responsables políticos del mandato anterior no tomaran las medidas que se requerían tras las denuncias, puesto que «el problema podría estar ya en vías de solución. Abrir nuevos pozos o conectar Es Caragolí a la desaladora no es algo que pueda hacerse en dos días». La Conselleria del Mar trabaja desde hace meses en el proyecto de interconexión, que costará 6 millones y precisará de 22 meses de obras.
Las claves
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Una detención, dos imputados y numerosos testigos
Fuentes de la investigación han confirmado, por ahora, la detención y posterior puesta en libertad del jefe de los servicios técnicos, JoanMoll, quien permanece como investigado, al igual que la exconcejal del Servicio de Aguas, Noemí Camps (PSOE). El martes también declaró en el cuartel de la Guardia Civil el responsable de Aigües Cala Blanca, Sam Moll. Antes ya lo había hecho voluntariamente la alcaldesa Juana Mari Pons.
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Pozos activos 14 años sin permiso y perforaciones 30 metros bajo lo permitido
El origen de la investigación son las denuncias presentadas entre 2019 y 2021 por la sobreexplotación de los pozos de Ses Arenes de Dalt, de los que el Ayuntamiento extrajo agua durante 14 años sin la preceptiva autorización pública. También se realizaron perforaciones hasta 30 metros por debajo del nivel permitido. El Seprona ha ampliado luego la investigación a otras captaciones que suministran a la población.
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Un impedimento añadido para bloquear nuevos desarrollos urbanos
La investigación amenaza con bloquear aún más el futuro crecimiento del suelo urbano e industrial. El Ayuntamiento aprobó en 2023 el Plan de Gestión Sostenible del Agua que, según la normativa, debería tener ya en 2019. Pero el documento ha sido reiteradamente rechazado por Recursos Hídricos. No ve justificada la suficiencia de agua necesaria para permitir el crecimiento de la ciudad y desbloquear el nuevo Plan General.
HachyEstoy contigo, espero que la Izquierda no queme por imprudencia el palacio del Gobernador. Cuando el tripartito PSOE-PSM-Ciutadella Endevant, se haga cargo del ayuntamiento el día 19 como equipo de gobierno, veremos entrar y salir del palacete a informáticos a tuti plen, y cuya única función será de intentar repescar residuos de la información de los ordenadores que ellos usaron en su mandato por si acaso.