Los dolores de cabeza con los bancos no son exclusivos de los ciudadanos de a pie. También las administraciones tienen que lidiar con dudosas prácticas de las entidades bancarias. Es lo que le ha ocurrido al Consell insular, que ha denunciado al Banco Santander por cargarle sin previo aviso y en un plazo de solo seis meses comisiones por valor de 11.500 euros en concepto de mantenimiento de la cuenta que la institución insular mantiene abierta en este banco desde hace más de 24 años.
Los hechos han salido a la luz ahora, después de que el Consell haya retirado la demanda que había presentado tras llegar a un acuerdo con el Banco Santander, pero se remontan a junio del año 2020, cuando los responsables del área de Tesorería comprobaron que les habían cargado más de 5.000 euros en concepto de comisión de mantenimiento en la cuenta de la institución. En el contrato suscrito en el año 2000 no se estipulaba ninguna comisión de mantenimiento y es por ello que la institución hizo una reclamación solicitando la devolución del importe.
El banco se acogió a la cláusula en la que se reservaba el derecho a modificar unilateralmente las condiciones del contrato para rechazar la solicitud de la institución y de hecho en el transcurso de las conversaciones volvió a cobrar otra comisión por el mismo concepto, esta vez de más de 6.000 euros. Fue entonces cuando el Consell reclamó un informe jurídico que avaló la viabilidad de una demanda judicial contra la entidad.
En él se apunta que no se avisó como se debía y que existe nutrida jurisprudencia que establece que el banco puede cambiar el tipo de las comisiones, pero no introducir nuevas. Finalmente, a finales del pasado mes de mayo, se declaró finalizado el procedimiento por existir un acuerdo entre las partes que por el momento no ha trascendido.
El apunte
La liquidez histórica de la institución: 68 millones en caja
Las finanzas del Consell atraviesan un momento dulce. Los superávits acumulados en los últimos años, por la baja ejecución de las inversiones previstas, ha hecho que, según el último informe de Intervención en estos momentos la institución cuente con 68 millones de euros en caja y otros cinco en derechos de cobro. De ellos puede gastarse 46,3 millones.