El Tribunal de Cuentas ha confirmado la apertura diligencias preliminares para dilucidar si hay indicios de irregularidades en los procedimientos que el Institut Menorquí d’Estudis (IME) siguió para contratar la elaboración de las llamadas Directrices Estratégicas de Menorca entre los años 2015 y 2021. El órgano estatal de fiscalizador de las cuentas públicas ha requerido hasta en dos ocasiones información al ente dependiente del Consell insular sobre un caso que llegó a sus manos remitido por la Oficina de Prevención y Lucha contra Corrupción de Balears –hoy en fase de desmantelamiento– en febrero del año pasado.
Las diligencias preliminares buscan averiguar si los cuestionamientos que había hecho la oficina anticorrupción balear tienen fundamentos para iniciar la instrucción de un proceso de reclamación de responsabilidades contables o si, por el contrario, se archiva el caso porque no se encuentran indicios de prácticas irregulares. Según ha podido saber este diario, el Tribunal de Cuentas está ultimando el análisis de la información y en breve dará a conocer la resolución sobre un asunto que vuelve a la palestra más de un año después de que el Consell le diera carpetazo con un informe exculpatorio realizado por el propio IME.
Cabe recordar que la Oficina Anticorrupción, a partir de una denuncia anónima, había iniciado una investigación en cuyas conclusiones se apuntaba a supuestas irregularidades, entre ellas el incumplimiento de los límites legales para los contratos menores, con la concatenación de encargos al entonces responsable de la coordinación de las Directrices Estratégicas de Menorca y miembro del IME, Jesús Cardona, por un valor de más de 50.000 euros sin abrir el objeto de la contratación a la libre competencia a través de un proceso de concurrencia.
Desde el Tribunal de Cuentas explicaron el jueves a este diario que el caso actualmente se encuentra en fase de instrucción en la Unidad de Actuaciones Previas, que concluirá con un acta de liquidación provisional que se hará llegar a los interesados. Para que se puedan determinar responsabilidades contables –en ningún caso penales– contra los apuntados en el informe de Antocorrupción, el citado Jesús Cardona y el entonces presidente del IME y vicepresidente del Consell, Miquel Àngel Maria, «tiene que haber una infracción de la norma y no basta un incumplimiento formal. El daño tiene que ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a bienes o derechos».
Psoe/psm los partidos mas corruptos de menorca. Esta mas que claro