Sectores relacionados con el alquiler vacacional, y también desde las policías locales, pronostican que la futura ley balear para combatir las fiestas ilegales y las molestias en las viviendas de alquiler turístico tendrá en Menorca una mínima incidencia. Eso es, coinciden, porque aquí son poco frecuentes este tipo de incivismo, si se compara especialmente con Eivissa o Mallorca.
Por ahora el Parlament solo ha acordado, por unanimidad de todos los partidos, tramitar esta proposición de ley de Més per Menorca. La norma pretende compatibilizar y garantizar la convivencia entre la actividad turística y el derecho al descanso de los residentes.
Desde Viturme, la Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas Vacacionales de Menorca, su presidente, Javier Pons, apunta el argumento de que en la Isla «no suele haber graves problemas» con fiestas o celebraciones ilegales. «De vez en cuando puedes tener un vecino que se queje por ruidos, pero normalmente, no para mandar a la policía». De hecho, aunque pueda haber «momentos puntuales, como Sant Joan o Cincogema», tampoco es habitual e incluso «muchos propietarios ya no alquilan en esas fechas», y menos a jóvenes, y en establecimientos turísticos no se suelen aceptar grupos de más de seis personas.
Incluso, expone Joan Pons Torres, administrador de fincas y gerente de Es Pou de Torn, para evitar riesgos «se pide un aval de responsabilidades, de alguien que se pueda hacer cargo de posibles daños».
En la misma línea, el director comercial de Bonnin Sansó, José Pons, defiende que esta normativa ha de ir en la línea del «sentido común y la lógica convivencia» y coincide en que «en Menorca hay una realidad diferente a la de Mallorca o Eivissa». Así, «aquí no hay un turismo de masas como el de Magaluf, con grupos de jóvenes» deseosos de fiesta.
Más medios
Uno de los problemas que señala Pons Torres es «el problema de hacer cumplir las leyes» y los «medios que ponen» para ello, para controlar efectivamente las denuncias que puedan interponerse. Además, «¿contra quién hay que poner la denuncia? ¿Contra la propiedad, la agencia que lo ha alquilado?», se pregunta el gestor, quien ve que actualmente «tenemos poco margen de maniobra» cuando son conocedores de que se producen molestias en algún alojamiento de alquiler turístico.
En este sentido, Pons Torres se refiere al tipo de incidencia, «si solo son molestias, tiene poco recorrido, solo se suele denunciar si hay daños en la finca, para tramitarlo ante la aseguradora» que, por otro lado, «obliga a tener la ley turística», afirma.
En cualquier caso, Javier Pons considera que, aunque en la Isla no son frecuentes estos casos, cuando se producen «suele ser en alquileres ilegales». De hecho, recuerda que «el año pasado, Viturme recomendaba avisar a los clientes antes de que vinieran sobre que Menorca es una Reserva de Biosfera o sobre la sostenibilidad, es algo que se hace día a día» para intentar concienciar al visitante.
Inseguridad jurídica
José Pons considera positiva esta futura ley, si su objetivo es garantizar la convivencia. Eso sí, siempre que «no haya una intención de perseguir el modelo turístico y que sea un freno más para el propietario que se plantea alquilar».
Asimismo, Javier Pons considera que este tipo de normas «son buenas y nos ayudan a los que trabajamos» en este sector, aunque como inciden tanto Joan Pons Torres como José Pons, es fundamental que genere seguridad. Con esta futura ley «no se puede crear más inseguridad jurídica con su aplicación y la interpretación que luego hagan los jueces», señala en comercial de Bonnin Sansó, ya que en la actualidad el sector inmobiliario adolece precisamente de esto. Una de las principales causas de la falta de viviendas de alquiler es, para Pons Torres, que hay «mucha gente que prefiere vender antes que alquilar», justamente por las escasas garantías que existen para el propietario, porque «si te dejan de pagar el alquiler puedes tardar cuatro años para echarlos, o más si es una familia con niños».
El apunte
Los policías locales reclaman que la ley incluya una mayor dotación de medios para no saturarlos más
Desde la Policía Local de Ciutadella confirman la escasa frecuencia de las fiestas ilegales. Es cierto que «tras la pandemia la gente venía desbocada» y las hubo, pero «se ha normalizado y no hay tantas incidencias». Así, en una noche de verano puede haber «diez o doce llamadas» por exceso de ruidos, pero englobando cualquier actividad. Esto reduce a «una decena» las quejas a la semana referidas a alojamientos y, normalmente, leves. Sea como fuere, la policía reclama que la ley, que implicará más burocracia, se dote de medios e inspectores, para no saturar más a los agentes que «tenemos mil funciones y responsabilidades». También es importante que los alojamientos «estén correctamente identificados» con placas exteriores y apuntan, en cuanto a la responsabilidad en las incidencias, que «la propiedad ha de serlo, por lo menos identificando a los inquilinos».