El proyecto de ampliación de la actividad de la empresa de mejillones ubicada en La Solana, en el puerto de Maó, se ha encontrado con el rechazo frontal de la Asociación de Propietarios de La Solana y Cala Sant Antoni. La última asamblea de la entidad aprobó por unanimidad expresar su contrariedad con la creación en este espacio de una zona de degustación, iniciativa contemplada en la nueva concesión administrativa ya aprobada por Autoridad Portuaria.
En una carta publicada en la edición de este martes de «Es Diari», la asociación expone que la zona no está preparada para esta actividad, ya que supondrá un mayor movimiento de coches cuando no hay apenas plazas de aparcamiento y las carreteras son insuficientes para acoger más tráfico de vehículos. Aluden también a los potenciales ruidos, cuando apenas hay distancia entre las distintas propiedades, así como a la ausencia de servicios públicos acordes con un incremento de las actividades económicas.
Además, desde la asociación apuntan al agravio que supone haber aprobado una concesión administrativa a esta empresa para ampliar su actividad cuando las urbanizaciones de S’Altra Banda, como las que engloba el colectivo, tienen suspendida la ejecución de proyectos de obra mayor por la carencia de una red de alcantarillado. Denuncian que no están encontrando soluciones por parte de una administración pública, pese a las décadas que llevan arrastrándolo, mientras que al mismo tiempo se permite el desarrollo allí mismo de nuevas actividades.
El apunte
Dudas sobre si rige en las casas la suspensión de las licencias
Si en la zona existe una suspensión de licencias, ¿se puede autorizar una obra mayor en las casas de La Solana? La respuesta no está nada clara. Los edificios en cuestión, al menos una parte, están en zona marítimo terrestre, por lo que lo tramita Puertos como concesión. No obstante, la exigencia de alcantarillado deriva de una ley autonómica de aplicación a todo el municipio, cuando además en Sant Antoni las licencias aún están suspendidas por una incidencia con el PGOU. La situación es confusa, pero en caso de conflicto el Estado podría hacer valer su potestad en ordenación de puertos.