Tomás de la Quadra-Salcedo (Madrid, 1946), exministro de Justicia y Administración Territorial en el Gobierno de Felipe González, ocupa esta noche (19.30 horas) el estrado del Ateneu de Maó. Miembro del grupo de expertos que redactó la Carta de Derechos Digitales, advierte de los riesgos que entraña la nueva sociedad digital. Y lo hace desde Menorca, la isla en la que veranea desde hace 44 años y que lo acoge como residente desde el cambio de siglo.
—Desde antes de la pandemia, en 2018 y 2019, percibo más saturación en Menorca, hay más gente -anota. La Isla se ha puesto de moda y entiendo el debate que se genera aquí. O pasarse o quedarse corto. Es un entorno con sus recursos naturales y hay que cuidarlo.
Algo así como el debate que suscita la sociedad digital. ¿Cuáles son los retos, riesgos y oportunidades de los que hablará en el Ateneu?
—El conjunto de sistemas, dispositivos e instalaciones basadas en la tecnología digital han supuesto una transformación enorme en la explotación y almacenamiento de datos en muchos sectores, desde la economía a la medicina o la industria. La Unión Europea está apostando por ello porque comporta unos beneficios indudables para la salud o la investigación, pero también tiene sus riesgos y cabe evitarlos. Los beneficios son de enorme importancia, lo que no quita que no adoptemos también una actitud como la de los luditas de principios del siglo XIX, que destruían máquinas para oponerse a la Revolución Industrial. Hay que contrapesar las oportunidades y tener cuidado con los riesgos, y más cuando nos enfrentamos a temas que afectan de lleno a los derechos fundamentales de las personas. De ahí la Carta de Derechos de la Sociedad Digital que el Gobierno me encargó coordinar en 2020 y 2021. Este nuevo escenario plantea también riesgos para el mercado y la competencia. Grandes empresas como Amazon o Microsoft, que lideran el almacenamiento de datos, están adquiriendo una posición de dominio, lo que obliga a los tribunales internacionales a intervenir. Porque los riesgos no son solo para los derechos de las personas, sino también para la sociedad, el mercado y la propia democracia.
¿Cómo conciliar, por ejemplo, el derecho a preservar el propio historial clínico con el uso que luego se hace de tus datos para combatir enfermedades?
—Es uno de los casos, sí. Con los datos clínicos de millones de pacientes se puede saber por qué determinado tratamiento ha fallado o permite curar, o por qué hay más casos de cáncer o de alguna enfermedad concreta. El muestreo te da la solución y es beneficioso, pero es un arma de doble filo, porque está también el ámbito de la propia identidad. El mal uso de un historial clínico puede hacer que se sepa la enfermedad de una persona que ella quería preservar para sí, porque la estigmatiza o le dificulta que puedan contratarla. Y está también el caso del médico o profesional que confía más en la Inteligencia Artificial que en su propio ojo clínico, porque eso le ayuda a no sentirse responsable. Entregarse a la IA supone cierta dejación de funciones que tiene su riesgo, porque también la Inteligencia Artificial puede fallar. Son cuestiones que suscitan debates e invitan a reflexionar, desde la libertad y la responsabilidad, porque han cambiado muchas cosas del sistema tradicional que habíamos vivido durante tantos años.
En este debate entre riesgos y oportunidades, ¿qué prevalece?
—La oportunidad. El acceso a los datos clínicos, por ejemplo, comporta un beneficio enorme y hay que hacerlo, pero tratando de garantizar la anonimización para que se puedan usar sin que se sepa la identidad de la persona.
El reto es saber ponderar.
—Siempre, esa es la dificultad. No hay una solución para todos, sino establecer códigos de conducta y que las autoridades intenten luego moderar estos riesgos.
Estamos a un mes del Congreso Federal del PSOE y, aunque se abrió un proceso de primarias, Pedro Sánchez es ya el único candidato a la reelección. Hace un año usted firmó el manifiesto de apoyo. ¿Cree que es bueno que se afiance su liderazgo interno?
—Las primarias no son buenas para los partidos porque conducen a una centralización que no es conveniente. Toda formación debe permitir que las distintas corrientes de opinión se expresen para que puedan sentirse representadas.
La que abandera el expresidente Felipe González, del que usted fue ministro y presidente del Consejo de Estado, es especialmente crítica con Pedro Sánchez y la amnistía.
—No estoy metido en la vida de partido, pero creo en la necesidad de que haya voces discrepantes, que no necesariamente deben expresarse como parte de la vieja o nueva guardia. Pedro Sánchez ha hecho algunas cosas bien y otras no tanto…
¿Cree que la Ley de Amnistía le servirá realmente para dar estabilidad y solucionar el conflicto catalán? El Supremo cuestiona su constitucionalidad.
—Es una ley que está de acuerdo con la Constitución. Existe el derecho de gracia, que da cobertura al indulto y a la amnistía, y no resulta incompatible. Hay amnistías que pueden ser inconstitucionales, pero no lo son si tienen relación con los asuntos del Procés, porque existe una finalidad plausible. Otra cosa es que haya gente que entienda que no es conveniente, lo que corresponde al ámbito de la valoración política. El tema es la oportunidad de la ley, pues en el fondo no genera ninguna contrapartida de renuncia, no al independentismo, sino al independentismo unilateral. Es un tema abierto a debate, que acabará resolviendo el Tribunal Constitucional, aunque a mi me parece evidente que difícilmente va a concluir que es inconstitucional.
El Supremo ha abierto una causa contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos al difundir los datos fiscales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
—El auto que se ha dictado es un poco ambiguo porque no acaba de decir qué le imputa. Se centra en la difusión de los correos electrónicos, en negociaciones que la primera persona que filtró públicamente fue la propia pareja del afectado (Díaz Ayuso). Fue ella quien reveló que había una inspección tributaria en contra y fue su portavoz el que reveló la negociación. La noticia de que había un eventual delito y que se estaba negociando un acuerdo es anterior a la intervención del fiscal general. Por eso no se entiende que la competencia de la causa pase al Supremo. En todo caso habría que investigar quién ha filtrado los correos. Habría sido más procedente devolver la causa al tribunal inferior, al juez competente, para que investigara quién ha filtrado.
¿No hay demasiado encono político en la vida pública?
—Es un momento difícil. La fragmentación de los partidos dificulta el entendimiento, abunda el populismo y la apelación a los sentimientos impide que se pueda hacer política. Hay cierto abandono de la voluntad de consenso y se ve al adversario como a un enemigo. Así es difícil avanzar.