Un mes después de que estallara la crisis política en Maó sobre el exceso de nitratos en el agua potable de la red de Malbúger, y su ocultación a los consumidores, el GOB ha emitido este viernes su primer comunicado sobre la cuestión. En la nota evita criticar directamente la gestión del Ayuntamiento de Maó y aboga por una revisión del actual esquema de tarifas, de manera que se rebajen para los que gastan menos agua y se aumenten para los grandes consumidores.
El GOB acota el riesgo de consumir agua por encima de los 50 miligramos por litro de nitratos que fija la normativa a «grupos de personas muy determinados» como los bebés, mujeres embarazadas o adultos con algún problema de circulación. «La presencia de nitratos en el agua potable no indica contaminación fecal ni de patógenos», añaden para después recordar que «también se pueden encontrar en muchas verduras, algunos embutidos y determinadas carnes».
«Solo hay que tener medida en la ingesta directa de agua, sea natural o cocinada previamente, si la persona entra dentro de las poblaciones vulnerables», sostiene el comunicado. También relativiza el límite legal vigente en la Unión Europea sobre el agua de consumo, afirmando que «está pensado básicamente para poder hacer biberones sin riesgo para los bebés».
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El GOB relata que «hay una lista de cosas importantes que se hallan en el origen del problema que generan las urgencias, que deben abordarse con la suficiente información, y que no deberían quedar olvidadas detrás de la batalla de los titulares de prensa».
Contra las botellas de plástico
El grupo ecologista critica la huella ambiental que supone la compra masiva de agua embotellada que viene de fuera de la Isla: «Supone un gasto energético muy alto y llega a ser 500 veces más cara que el agua de grifo, mil veces más si se compra en una botella pequeña, y todos los envases se tienen que tratar después como residuos».
Ante esta situación, el GOB sostiene que la administración es la primera interesada en que el agua que se sirva a la población «tenga garantías de potabilidad y cuando no pueda ser así que haya una información clara y precisa de cuáles son los usos que se pueden llevar a cabo sin problemas».
Mientras se prolongue la crisis de los nitratos de Maó, el GOB también sugiere impulsar las fuentes públicas que sirven agua tratada apta para el consumo. La única que disponía de esta función en Maó, la de Calàbria, fue clausurada junto al resto a principios de este mes por orden municipal.
Penalizar los grandes consumos
En cuanto a las tarifas, el grupo ecologista sostiene que «cobrar un euro de media por una tonelada de agua corriente significa que el litro es casi regalado, quien dice que el agua en Menorca se paga a precio de oro no ha ido a comprar en su vida». El GOB aboga por aprovechar la actual crisis política en Maó para reconducir el actual esquema de tarifas.
Su propuesta es bajar el precio que se cobra para los primeros 250 litros por persona y día, un nivel que considera aceptable en base a los parámetros del Plan Hidrológico de Balears. «A partir de esta cifra el precio se tendría que multiplicar por mucho para desincentivar el exceso de consumo y compensar la rebaja de precio en el primer tramo».
Una reducción global del consumo de agua, explica el GOB, ayudaría a mantener en buenas condiciones el acuífero y solucionar los problemas derivados de su sobreexplotación.
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