El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico tiene problemas para hacer cumplir las órdenes de demolición y restitución de las infracciones, y en los últimos años se ha visto obligado a aumentar la imposición de multas coercitivas, aquellas cuya finalidad es forzar la ejecución de las órdenes que son desobedecidas de forma reiterada.
En 2023, el Consorcio impuso 119 multas de este tipo, y hasta el 21 de noviembre de este año ya eran 173 las multas tramitadas. El incremento de estos expedientes es tan grande, que incluso ha obligado al Consell a contratar a un nuevo administrativo que se dedicará íntegramente a gestionar esta problemática.
El aumento de las penalizaciones coercitivas coincide con el descenso en el número de nuevos expedientes de restitución y sanción, que hasta el 21 de noviembre era de 36, muy lejos de los 110 expedientes que se abrieron en 2020, aunque por encima de los 30 que se iniciaron en 2023. En estos momentos, el número total de expedientes abiertos es de 335, de los cuales 83 -es decir, una cuarta parte- han derivado en la imposición de multas coercitivas, ante la negativa de los infractores a acatar las órdenes de restitución dictadas.
Forzar la orden de derribo
Las multas coercitivas siempre derivan de un expediente previo de restitución, y suponen una penalización del 10 por ciento de la sanción impuesta, una cantidad que se añade a la multa original, y que debe servir para forzar el cumplimiento de la orden de derribo. El Consorcio envía hasta un máximo de doce multas coercitivas, momento en el cual el ente debe hacerse cargo de la ejecución subsidiaria de la orden, lo que deriva en un embargo y en la contratación de una empresa para que ejecute la demolición.
Respecto al descenso en la apertura de nuevos expedientes, la consellera Núria Torrent lo atribuye a la mayor complejidad de las últimas diligencias, que han requerido informes más largos y más tiempo de trabajo. «Los años en los que las tramitaciones son más complicadas se hacen menos expedientes, porque requieren más tiempo de los funcionarios», señala. La consellera también apunta hacia el proceso de estabilización de los funcionarios, que se puso en marcha en 2023, y que ha restado recursos humanos a las tareas habituales.
Por otro lado, algunos de los expedientes que se han incoado durante el último año no responden a la iniciativa inspectora y de control del Consorcio, sino a denuncias de particulares y entidades como el GOB. Es el caso de la sanción a Menorca Experimental, que se enfrenta a dos millones de multa por la construcción de nueve piscinas ilegales, o la penalización de 3,5 millones a la finca de Algaiarens por diversas construcciones ilegales y usos no permitidos en una zona de máxima protección. También ocurrió lo mismo con la construcción de un circuito de motocross ilegal en una finca de Binixíquer. En este sentido, Torrent asegura que desde el Consorcio se realizan habitualmente tareas de vigilancia, pero lamenta que es muy difícil abarcar todo el territorio. «Es más fácil que nos avise un vecino, y por ello nosotros valoramos mucho la colaboración ciudadana, porque nosotros no tenemos suficientes ojos», remarca. Para mejorar la capacidad de vigilancia, el Consell contratará, mediante fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), y en el marco de la lucha contra el alquiler turístico ilegal, la realización de fotos aéreas de gran calidad, que también servirán a los técnicos del Consorcio. Asimismo, se comprará un nuevo vehículo que se adapte a los caminos estrechos.
Ciutadella es el municipio de la Isla donde se han realizado más inspecciones desde 2019, con 141. Le siguen Maó, con 93, y Alaior, con 80.
"El Consorcio envía hasta un máximo de doce multas coercitivas, momento en el cual el ente debe hacerse cargo de la ejecución subsidiaria de la orden, lo que deriva en un embargo y en la contratación de una empresa para que ejecute la demolición." O sea, que al final, como siempre, lo pagamos nosotros... Y eso de la autonomía financiera no sé de dónde lo sacan, yo no lo veo... deberían cobrar a la primera...