Ha pasado un mes desde que Pedro Sánchez anunció que la empresa pública de vivienda se iba a quedar con las propiedades de la Sociedad de Gestión de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlas a alquiler social y por el momento nada ha cambiado. A la espera de que llegue la concreción oficial de esta declaración de intenciones, los pisos que el llamado banco malo tiene en Menorca, buena parte susceptibles de cumplir con los requisitos para convertirse en viviendas de protección oficial, continúan al alcance del mejor postor, en algunos casos con inquilinos que gozan de rentas bajas y que en estos momentos, en plena crisis de acceso a la vivienda, están al albur de los movimientos especulativos del mercado.
Si bien en los primeros días tras el anuncio del Gobierno desaparecieron de los tablones algunas referencias de pisos de la Sareb, lo cierto es que la actividad de las entidades encargadas de la comercialización de pisos de la Sareb prosigue con normalidad y sin escatimar en técnicas de venta para intentar sacar el máximo partido a los inmuebles, como los llamados procesos competitivos o procesos de venta ordenada, en los que se pone una cantidad de salida y se inicia una suerte de subasta en busca de la mejor oferta.
La situación es especialmente inquietante para los inquilinos que vieron como la Sareb les subrogó los contratos que tenían suscritos antes de la quiebra de sus anteriores propietarios. El anuncio de Sánchez les dio esperanzas de que podrían pasar a tener a la empresa pública de vivienda como casero. Sin embargo, en estos momentos continúan expuestos a un riesgo evidente, que un inversor privado se haga con el inmueble y espere a la finalización de sus contratos para aplicar drásticos incrementos de precio. De hecho, se podría interpretar que esta posibilidad se ofrece precisamente como un incentivo para la compra, vista de la gran visibilidad que en portales como el de Aliseda se da al bajo precio que pagan los inquilinos y a la fecha de extinción de sus contratos.
El caso más paradigmático de lo que está ocurriendo lo vemos en los dos bloques de viviendas que la Sareb se quedó en subasta en octubre de 2023 por algo más de diez millones de euros, situados en las calles Maria Lluïsa Serra y Pintor Calbó de Maó. Entre las dos fincas, la comercializadora Aliseda tiene en estos momentos a la venta ocho inmuebles que están habitados y cuyos inquilinos pagan rentas muy reducidas, que van desde 270 euros, por un piso de 76 metros cuadrados, hasta los 600 euros por uno de 153 metros cuadrados.
Vigencia de los contratos
La Sareb tiene a la venta en Menorca pisos con inquilinos que pagan rentas muy bajas y sus comercializadoras destacan en los anuncios la duración del contrato en vigor. Entre los casos más llamativos está el de una vivienda de 109 metros cuadrados ubicada en la calle Pintor Calbó de Maó, cuyos inquilinos están pagando una renta de 360 euros al mes y se les termina el contrato en el mes de febrero de 2026, dentro de un año. Los hay que pagan incluso menos, como el caso de un piso en la calle Maria Lluïsa Serra de Maó que tiene 76 metros cuadrados y por el que sus inquilinos pagan 270 euros al mes. Su contrato está vigente hasta el mes de abril del año 2026.
La mayoría de contratos tienen vigencias que expiran el próximo año y el más longevo no va más allá de marzo del año 2027. Los inmuebles están a la venta por precios en algunos casos muy por debajo del precio de mercado, como los 158.700 euros que se piden por un piso de 76 metros cuadrados. En este punto cabe subrayar que se trata de una cantidad de salida y que la inmobiliaria –en este caso propiedad del fondo de inversión Blackstone y del Banco Santander– siempre puede echar atrás el proceso si no alcanza las cantidades que realmente reclama.
Cabe recordar que la Sareb tiene el mandato de vender cuanto antes los activos que en su día se calificaron de tóxicos. Si no llega una orden oficial que frene esas ventas, el riesgo de fuga de posibles viviendas sociales es elevado. Llama la atención que un mes después de la proclamación de la medida para engrosar el parque público de viviendas por la vía rápida, todavía no se haya bloqueado la venta de más activos a inversores privados.
Mientras los buitres sigan volando que lo haran........................