La compra de los apartamentos okupados del complejo de Ses Canaletes, ubicado en la urbanización de Son Parc (Es Mercadal), por parte de un grupo inversor con sede en Madrid, podría suponer un nuevo giro en la crisis habitacional que atraviesa la Isla. El problema es que, en estos momentos, los recursos de emergencia social de los distintos municipios ya se encuentran al límite y no tienen capacidad para responder al elevado número de personas que podrían verse obligadas a abandonar las viviendas si la nueva propiedad procede al desalojo.
De momento, la sociedad que ha comprado los apartamentos okupados ha contratado a un despacho de abogados para que actúe como mediador, y ya se han presentado en la urbanización para realizar un censo de las viviendas, y conocer cuánta gente vive en ellas y cuál es su situación.
Desde el Ayuntamiento de Es Mercadal, el alcalde Joan Palliser estima que en los apartamentos ocupados de manera ilegal podrían residir entre 60 y 80 personas, entre ellas algunas familias con niños, aunque su número va variando. Palliser explica que según han tenido conocimiento los servicios sociales del municipio, los nuevos propietarios han ofrecido a algunos residentes la posibilidad de regularizar su situación mediante el pago de un alquiler, aunque se muestra preocupado por el problema social que supondría que las personas en situación de vulnerabilidad tuvieran que buscar otro lugar donde vivir, puesto que el municipio no cuenta con recursos de emergencia habitacional para atenderlas. Por todo ello, considera que se trataría de un problema de ámbito insular.
Crisis de alcance insular
En Menorca no existe una red insular de pisos de emergencia, y solo los municipios de Maó, Es Castell y Ciutadella cuentan con este tipo de recurso. En Ciutadella, los servicios sociales gestionan dos pisos sociales cedidos por el Ibavi, con una capacidad total para diez personas, a los que se suman otras diez plazas en la casa de acogida. En Maó, el Consistorio dispone de seis pisos de emergencia social —dos cedidos por el Ibavi y cuatro de propiedad municipal—, además de trece plazas del centro de acogida. Además, Es Castell cuenta con nueve plazas de emergencia habitacional. En total, las plazas municipales destinadas a atender casos de exclusión social que requieren una respuesta rápida en la Isla son unas setenta, y presentan un alto nivel de ocupación, por lo que el sistema podría quedar desbordado ante un posible desalojo de los apartamentos okupados de Son Parc.
Desde el Consell, la consellera de Bienestar Social, Carmen Reynés, remarca que las competencias en materia de emergencia habitacional corresponden a los municipios, aunque asegura que ya se ha puesto a disposición de Es Mercadal por si, en este caso, necesita apoyo. Reynés se muestra cauta acerca del futuro de las personas que residen de manera ilegal en Ses Canaletes. «Habrá que ver primero si la nueva propiedad saca a todo el mundo, o si ponen condiciones para negociar un alquiler o les dan un plazo hasta que encuentren una alternativa», apunta.
Precisamente, el Consell trabaja en la puesta en marcha del Centro de Baja Exigencia en Maó, que podrá acoger a unas 15 personas en riesgo de exclusión social.
Ladrón de GuevaraEfectivamente No es un problema social Es un problema creado por la política, siempre ha sido así.