Comisiones Obreras denunció, ayer, una situación que se aproxima a lo «insostenible» en las deixalleries de Menorca, principalmente, en las cuatro mayores, de Ciutadella, Maó, Alaior y Sant Lluís. Con una carga de trabajo que va al alza, de dos operarios más otro de refuerzo que debería haber, en repetidas ocasiones ha habido solo uno, se han producido bajas que han tardado meses en reponerse y, además, el sindicato habla de «claro fraude de ley» en varias contrataciones.
Desde la organización sindical recuerdan que Tragsa realiza el servicio desde agosto de 2022, a petición del Consorci de Residus i Energia de Menorca, mientras se tramita la nueva licitación. Asimismo, añaden, a principios de 2024 se amplió la plantilla y se modificaron horarios mejorando la jornada laboral, «pero esos cambios no son suficientes». La actividad en los centros de recogida selectiva va a más (el año pasado hubo un incremento de residuos del 16 por ciento), reciben a un centenar de usuarios al día y la plantilla vuelve a quedar corta.
Del 16 de julio al 6 de agosto, «hasta en diez ocasiones, 4 en Ciutadella, 4 en Maó y 2 en Alaior», hubo un solo operario y, tras una renuncia en Ciutadella, de mayo a julio no se cubrió una plaza. «Esta situación supone un exceso de carga de trabajo, estrés y empeoramiento de las condiciones laborales» de una plantilla que ha de asumir el trabajo de los compañeros (por libranzas, vacaciones, bajas). Además, los empleados tienen la categoría de peón y, a diario, realizan tareas administrativas, de atención telefónica, basculero u otras, «excediendo sus competencias y no siendo reconocidas ni remuneradas», aseguran desde CCOO, que ven una evidente «mala gestión».
Contratos irregulares
El sindicato acusa también a la empresa de estar incurriendo en fraude de ley, al utilizar «contratos eventuales por circunstancias de la producción para cubrir plazas estructurales», que deberían ser fijos o indefinidos no fijos.
Amparan su afirmación en un caso reciente. La empresa rescindió uno de esos contratos eventuales y el trabajador demandó. Según el sindicato, después de intentar la conciliación en el tribunal de mediación y arbitraje (Tamib) y ya con fecha de juicio fijada, Tragsa se avino a pagar la indemnización por despido improcedente, «lo que significa en la práctica reconocer que la contratación estaba en fraude de ley».
CCOO reclama el reconocimiento profesional de la plantilla o, advierten, «el conflicto laboral pasará a ser un conflicto social».
Yo. PARTE III. Y hay quien la aplaude y hay a quien no le gustó (izquierdas), pero sin embargo, estos últimos, todavía la utilizan y no la han derogado…por algo será. De hecho, en 2024, se recuperó por el Gobierno español (PSOE) algo que obstinadamente tanto el PSOE como las izquierdas en general consiguieron que fuese declarado inconstitucional, el Real Decreto-ley 3/2016, llamado el "decreto Montoro”, que introdujo, entre otras, unas serie de medidas, que luego de ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 18 de enero de 2024, ahora se revivirán por el PSOE en el gobierno, quien a través de la Ministra Montero, completará el proceso iniciado por Montoro ocho años después. La UE, con una legislación casi idéntica, permitió la suspensión de dicha Ley para los años 2020 y 2021, para que, los ayuntamientos que quisiesen, pudieran gastar parte de sus remanentes, y en 2024 se ha vuelto a aplicar. ¿Tan mala no sería? En cuanto a la situación actual de Montoro, me pronuncio al igual que con la de Begoña, P. Sánchez, D. Sánchez, Berni, Ábalos, Koldo, Cerdán, García Ortíz, Armengol, Montero…si la han hecho que la pague.