La semana pasada, el equipo de gobierno del PP en el Consell presentó las líneas maestras de la modificación del Plan Territorial Insular (PTI), y este lunes el presidente Adolfo Vilafranca comparecerá ante el pleno, a petición de la oposición, para dar cuenta de los cambios.
Durante la sesión también se debatirá la propuesta de los partidos de izquierdas de paralizar la tramitación, después de que tanto la Secretaría como los técnicos de Ordenación del Territorio emitieran informes contrarios a la iniciativa del ejecutivo popular. Vilafranca recibe a «Es Diari» en su despacho para profundizar en el proceso seguido para modificar el documento y abordar otros temas de actualidad.
¿La modificación del PTI ya está acabada?
—No, todavía no está terminada. Aún quedan aspectos por definir y, como equipo de gobierno, seguimos revisando y cerrando algunos artículos. Una vez estén todos revisados, los trasladaremos al equipo redactor para que los acaben de pulir. El documento y su articulado siguen en proceso de trabajo, también con la colaboración de los técnicos internos.
El 4 de julio anunció que la modificación del PTI ya estaba finalizada y que se llevaría a pleno de manera inminente. Sin embargo, pocos días después, cuando empezaron a trascender detalles del nuevo articulado, la versión cambió y se aseguró que se trataba únicamente de un borrador. ¿Qué ocurrió exactamente?
—La versión no ha cambiado. Es cierto que fuimos demasiado optimistas con los plazos. Aun así, estamos avanzando con bastante rapidez, sobre todo si se compara con el Pacte, que estuvo ocho años y lo aprobó apenas una semana antes de las elecciones. La realidad es que primero se dieron unas pautas al equipo redactor y, después, se ha llevado a cabo un trabajo de revisión interna tanto del equipo de gobierno como de los funcionarios de la casa. Nosotros podemos aportar una visión política, pero son los técnicos quienes dominan la materia. Ese trabajo de revisión no se había hecho y es lo que se está terminando ahora.
Sin embargo, el documento se envió hace meses a distintos organismos estatales para su revisión. ¿Ese trámite puede hacerse con un borrador?
—Hay aspectos que no se han modificado ni existe intención de hacerlo, como por ejemplo la limitación de costas. Cuando no hay voluntad de cambiar algo, se envía para que se emita el informe correspondiente. La modificación del PTI es un proceso vivo y, hasta la aprobación definitiva, suelen producirse bastantes cambios. Así ocurrió con el último PTI, en el que entre la aprobación inicial y la definitiva se introdujeron modificaciones de calado y sustanciales. Que un documento evolucione es lo normal; lo que no lo es, es que se genere tanto ruido con un borrador en elaboración para sacar rédito político y atacar al equipo de gobierno.
Para la revisión del documento se contrató a varios expertos externos. ¿Se les dieron unas instrucciones iniciales y trabajaron hasta entregar la propuesta, o el equipo de gobierno ha ido revisando el trabajo a lo largo del proceso?
—El proceso lo ha liderado el departamento de Ordenación del Territorio, que ha marcado unas directrices y realizado un seguimiento. Sin embargo, ese departamento no lo abarca todo, y después es necesario poner el trabajo en común y contrastarlo con el resto de áreas. Esa puesta en común es lo que hasta ahora no se había hecho. No se trata de nada extraordinario.
Da la impresión de que el documento se ha rebajado. Que inicialmente llegaron unas propuestas que, al considerarse excesivas, han tenido que ser reconducidas.
—Nosotros no hemos rebajado nada. Quien piense que vamos a dejar de cumplir lo que prometimos se equivoca. Tenemos un rumbo claro, como es el de dar soluciones en materia de vivienda, agua o turismo. No vamos a cambiar nuestras pautas por mucho ruido mediático que haya, ni tampoco con otros temas. Hay mucho ruido con el puente de Rafal Rubí y nosotros seguimos con nuestro plan, porque creemos que es lo correcto. No hemos reculado ni dejado de hacer nada por la presión de la oposición.
¿Ha existido temor de que se repitiera lo ocurrido en 2015, cuando el PP perdió el gobierno del Consell tras la polémica por la reforma de la carretera? ¿Se ha hecho algún cálculo político respecto a la conveniencia de no estirar demasiado la cuerda?
—Nosotros no hacemos cálculos electorales; actuamos según lo que consideramos beneficioso para los menorquines. Evidentemente, la oposición cumple su papel intentando debilitar al equipo de gobierno para recuperar el poder. Sin embargo, ellos no establecieron límites al turismo, mientras que nosotros sí lo hemos hecho. No entendemos cómo determinadas asociaciones que defienden el medio ambiente no dijeron nada cuando el crecimiento era ilimitado. Nos piden que no toquemos el PTI y permitamos el crecimiento ilimitado de plazas turísticas que establece, por ejemplo, el artículo 51. Ahora, este artículo sí impondrá un límite, basado en un estudio técnico, y ya hemos anunciado que lo reduciremos aún más en relación con lo que propone dicho estudio.
¿Durante el proceso han intervenido personas más allá de las contratadas específicamente? Por ejemplo, ha sonado con fuerza el nombre de Marta Vidal, la exconsellera que elaboró la Norma Territorial Transitoria (NTT).
—No, Marta Vidal no ha intervenido en absoluto en la elaboración de la mejora del PTI, ni tampoco nadie fuera del Consell y de las personas contratadas. Afirmar que estamos modificando el PTI para favorecer a unos pocos es una acusación muy grave que debe probarse. La modificación del PTI se realiza porque el documento actual es elitista, tal como señalan los técnicos de la casa. Es un PTI pensado para los ricos y accesible únicamente para unas pocas personas acaudaladas, ya que impone limitaciones y requisitos a los que pocos pueden acceder.
¿Puede poner ejemplos de este elitismo?
—Por ejemplo, en el tema de la vivienda: cuando se fijan densidades o alturas que encarecen los inmuebles, se generan viviendas caras, accesibles solo para los más ricos. Al aumentar densidades y alturas, se hacen viviendas más accesibles. Cuando solo se permiten chalés o viviendas unifamiliares, se sigue favoreciendo a los ricos. En cambio, cuando se construyen calles de pueblo con pisos, se facilita vivienda accesible para todos. Esa es la diferencia entre el PTI que dejó la izquierda y el que queremos dejar nosotros.
¿Algún otro ejemplo?
—El acceso a la actividad turística en el campo actualmente está limitado a hoteles rurales y agroturismos, es decir, actividades que requieren grandes reformas y una inversión importante. Con la modificación, el alquiler turístico no solo reducirá el número de plazas en el campo —por ejemplo, permitiendo 12 plazas donde antes había 50—, sino que también podrá desarrollarse con inversiones menores. Además, facilitamos que los llocs puedan hacer reformas para adaptar su actividad ordinaria en inmuebles que, hasta ahora, no podían acoger maquinaria moderna.
Han confirmado que los agroturismos no necesitarán una declaración de interés general. ¿No implica esto una menor protección para el campo?
—No, sustituir la declaración de interés general por otro mecanismo no significa que se dejen de cumplir los requisitos. La declaración de interés general era un trámite adicional mucho más largo; ahora la tramitación será más ágil, pero los requisitos seguirán siendo los mismos, ni inferiores ni más laxos. Uno de los objetivos del nuevo PTI es simplificar la gestión administrativa pública, y esta es una de las vías.
En cuanto al techo de plazas turísticas, han dicho que se reducirá respecto al anuncio inicial. ¿Qué ha ocurrido?
—Nosotros anunciamos que contábamos con un estudio de capacidad de carga y compartimos los datos que ofrecía, pero no dijimos que esos datos serían el límite definitivo. Los técnicos revisaron el estudio y ahora su autor lo está completando. Además, estamos considerando otros factores, como las reservas de agua, y evaluando si es necesario rebajar el techo establecido desde el punto de vista técnico.
¿Para el límite de plazas, se está trabajando con el Obsam, tal como recomendaba un informe interno?
—Se está trabajando con el técnico redactor encargado del estudio, teniendo en cuenta los informes y datos del Obsam, pero no se trabaja directamente con ellos.
¿Se ha negociado con Maite de Medrano par asegurar su voto?
—No tenemos ningún voto asegurado y tampoco descartamos ninguno. Primero haremos la aprobación inicial a partir de lo que anunciamos en nuestro programa electoral y después nos sentaremos con todos los colectivos. En este proceso participativo nosotros estamos abiertos a incorporar mejoras constructivas.
¿La solución que se ha anunciado para legalizar el parque acuático de Biniancolla (Splash) ya se podrá aplicar con la aprobación inicial?
—Creo que el PTI no tendrá efectos jurídicos hasta su aprobación definitiva. Los plazos dependerán de quienes se adhieran a esta solución. Nosotros tramitaremos la regularización del parque de bomberos, que nos encontramos en situación alegal, y otros podrán tramitar la del matadero o el hipódromo, si lo quieren hacer. Los tiempos dependerán de si quieren llevar adelante estos trámites, incluyendo el caso del Splash.
Van a poner límite a nuestro pan , manda huevos