Una vivienda en estado ruinoso es motivo de preocupación entre el vecindario del Camí de Maó, en Ciutadella. La propiedad del número 116 lleva meses a la espera de la autorización municipal para demoler el inmueble, con grietas cada vez más importantes. Por esa acera pasan a diario cientos de estudiantes de un centro escolar situado a escasos 300 metros y los residentes de la zona temen que pueda desprenderse algún elemento de la fachada, con el riesgo que eso implica.
El problema lo detectaron los propios vecinos, en septiembre de 2024, días antes de que arrancara el pasado curso escolar. Tras dar aviso al Ayuntamiento, el edificio quedó vallado.
La finca estaba ya en venta y la propiedad optó por encargar un proyecto para su derribo, con el fin de eliminar cualquier riesgo. A instancias del propio Ayuntamiento, el arquitecto Pau Ignasi Bosch registró el documento, por vía de urgencia, el 20 de febrero.
No fue hasta el 2 de junio que el Consistorio respondió, notificando varias deficiencias, que fueron contestadas el día 26 de ese mismo mes. Los técnicos municipales pedían retranquear 2 metros la fachada delantera, cerrar con muros la parcela y pavimentar el tramo de acera que debe alienarse.
Conflicto con la alienación
El edificio en cuestión está a escasos metros de la esquina con el Carrer de Sant Antoni Maria Claret, en cuyo cruce el Consistorio está adquiriendo, por la vía de la expropiación, las viviendas para ensanchar la calle, para ajustarlo al Plan General de Ordenación Urbana. De igual modo, el número 116 que está en ruinas, también aparece retranqueado en el planeamiento, su fachada debe retroceder 2 metros y alinearse con las viviendas de la misma acera.
En este contexto, Antoni Coll, uno de los propietarios del inmueble, solicitó al Ayuntamiento la enajenación de la porción de suelo, en total 30 metros cuadrados, resultante del retranqueo y que debe convertirse en acera.
Según critica Coll, el Ayuntamiento se ha negado a pagar ninguna contraprestación, por lo que, denuncia, va a apropiarse de un terreno y, «además, nos tenemos que hacer responsables de una acera que va a ser pública».
«Sería muy grave que los técnicos nos lo hagan pagar a la propiedad, será del Ayuntamiento», insiste el afectado, que sigue a la espera de la licencia para demoler la casa.
Entre los vecinos no entienden la demora del Consistorio para autorizar el derribo y apelan, por encima de cualquier otro criterio, a la seguridad de los viandantes. «Por aquí pasan muchos niños cada día y puede ocurrir una desgracia si se produce un derrumbe de la estructura», manifestaban ayer algunos de ellos.
Sobre el futuro tramo de acera que está en disputa, consideran que es una cuestión secundaria y que, igualmente, debe prevalecer la seguridad.
Aquest inmoble, fa mes de 10 anys, que no va passar s'inspecció técnica obligatoria, i ja els van avisar que la tenien que tirar baix per precaució, però a sa familia que pertany eren uns ronyosos, s'estimaven més que sa casa caigues per ella tota sola sense pensar amb els veïnats, i així donar sa culpa a cualsevol altre, com está passat ara, aqui sa notícia no te res que veure ni amb s'Ajuntament, ni en burocracia de permisos de qualsevol administració. Els únics culpables de s'estat d'aquest inmoble son els propietaris.