El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico, el ente dependiente del Consell que se encarga de controlar las infracciones en el campo, cerró el año 2024 con un llamativo descenso en el importe total de las sanciones impuestas. Según se revela en las Cuentas Generales que están en exposición pública, en el primer año completo con el PP al frente de la institución insular se contabilizaron 1,19 millones de euros en multas, casi la mitad que en 2023, cuando el montante de las sanciones ascendió a 2,26 millones.
La cantidad que suman las sanciones impuestas es de hecho la más baja desde el año 2021, cuando todavía se arrastraba el drástico descenso de actividad que provocó la crisis de la covid-19 y está muy alejada de la del año récord de la serie histórica del ente que se encarga de la vigilancia de la legalidad en el suelo rústico de todos los municipios menos Es Migjorn Gran. Fue en 2019, cuando el global de las multas que se pusieron por infracciones en rústico sumaron más de 5,5 millones de euros.
Pese al descenso registrado en el importe de las sanciones, el año 2024 deja un incremento del cobro de las multas. Por la vía de los pagos voluntarios de los infractores se ingresaron 262.000 euros, unos 18.000 euros más que en 2023; por vía ejecutiva se lograron 134.000 euros, unos 23.000 euros más que el año anterior, y, finalmente, mediante embargos sobre nóminas y cuentas bancarias se han sumado 309.000 euros por los 134.000 de 2023. Todo ello permitió que el ente cerrase el año con unos fondos líquidos históricos de algo más de 892.000 euros, un 76,3 por ciento más que en el ejercicio anterior.
En el informe de Intervención sobre la liquidación de los presupuestos de la entidad se destaca que «queda patente su voluntad por intentar fomentar a recaudación y mejorar la situación de tesorería de Consorcio», una mejora que se evidencia en un hecho: en 2024 no ha sido necesaria la aportación de ninguna transferencia por parte del Consell. La entidad logró ese año ser autosuficiente.
Devolver el dinero
La buena situación de tesorería que tiene el Consorcio, con esos casi 900.000 euros en caja, lleva al interventor del Consell a considerar que se podría plantear la devolución progresiva de las aportaciones que fueron efectuadas por el Consell para arrancar el funcionamiento de la entidad, una cantidad que por convenio debe ser reintegrada y que al término del año 2024 asciende a 1,48 millones de euros. Cabe recordar que el ente, al que se asocian libremente los ayuntamientos para delegar el control de las infracciones en suelo rústico, tiene entre sus objetivos fundacionales ser totalmente independiente y poder financiarse sin aportaciones externas.
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