El pleno del Ayuntamiento de Es Mercadal aprobó ayer los criterios municipales que deben cumplir las viviendas construidas irregularmente en suelo rústico para acogerse al proceso de legalización contemplado en la Ley 7/2024 de Medidas Urgentes de Simplificación y Racionalización Administrativas de Balears, impulsada por el Govern balear.
El Consistorio, el penúltimo de la Isla que da este paso, opta por establecer parámetros propios en dos ámbitos. Uno es el de medidas estéticas, en el cual se establece que tienen que ser retirados todos los materiales que contengan amianto.
El segundo aspecto en el que establece una regulación propia del municipio es en la energía. A los propietarios se les plantean dos opciones. La primera consiste en que la totalidad de la demanda energética del inmueble a legalizar se cubra con instalaciones de sistemas de producción de placas fotovoltaicas y almacenamiento. La segunda posibilidad es que el 60 por ciento de la demanda por estos medios y que el resto de la instalación eléctrica del inmueble aumente al menos una letra, algo que debe quedar acreditado.
En cuanto al agua, otro de los aspectos que han regulado casi todos los consistorios, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Es Mercadal considera que es suficiente lo que establece la legislación balear y que no es necesario establecer medidas adicionales. El alcalde Joan Palliser comentó que Es Mercadal no es el municipio más afectado por esta norma, pero que sí hay peticiones de propietarios sobre la mesa.
El PSOE votó a favor por la idoneidad de las restricciones, pese a mostrarse contrario al proceso de legalización en rústico.
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