El alcalde más joven de Menorca, 35 años, cumple diez en la corporación municipal, en la que entró en 2015 como concejal de Cultura y Fiestas. Pero Héctor Pons asumió responsabilidades con rapidez. En 2017 ya era primer teniente de alcalde y, dos años más tarde, en 2019 fue investido alcalde de la ciudad. Éste es su segundo mandato consecutivo y, aventura, puede que no el último. «Lo decidiremos con el partido. Sería raro irme. No está cerrado», afirma.
Quejoso del actual talante del PP en la oposición, echa en falta a Mateu Aínsa que, cuando lideraba el partido y ejercía de portavoz, «con sus virtudes y defectos, tenía capacidad de dialogo y sentido de ayuntamiento. Algo que está por ver si ahora lo habrá. Con él había facilidad de intentar alcanzar acuerdos a favor de Maó, pero desde que dejó la presidencia del partido, cuesta más encontrarlos».
El alcalde de Maó, Héctor Pons, inicia el año anunciando la inminente aprobación del presupuesto municipal y avisando que, en los temas de agua y vivienda, se avecinan tiempos especialmente difíciles.
¿2025 ha sido su año más difícil como alcalde?
—No. Gestionamos una pandemia y eso fue muy difícil, aunque entonces había mucha unidad política. Justo la antítesis de lo que hay ahora. Se percibe poca voluntad de trabajar en común.
Son dos años ya de gobierno en minoría y de tener que pactar los presupuestos.
—El presupuesto escenifica que gobiernas en minoría y que el resto de grupos tienen más fuerza. Pero, bien gestionado, puede ser algo positivo. Estoy convencido que habrá acuerdo. Hay predisposición total y ya hemos comunicado a Ara Maó que compartimos sus propuestas.
¿Debería haber apretado más al inicio del mandato para integrar a Ara Maó en el gobierno?
—Sí. Nos equivocamos, los dos, y los errores nos han llevado a esta situación. Entiendo y respeto su estrategia, pero creo que las formaciones de izquierda debemos hacer un esfuerzo por entendernos y trabajar juntos, y más en el contexto actual, que en democracia no habíamos tenido. Desde las diferencias, legítimas y necesarias, existe un interés superior.
¿Le duele que Ara Maó diga que la gestión municipal está paralizada?
—Entiendo que haga oposición, pero no es así. Sí que hay proyectos que llevan demasiado tiempo esperando, pero no son de estos dos años y medio. No es ahora que se han parado la Sala Augusta, el Verge del Toro o la Escuela de Adultos. Así que más que doler, me sorprende. Pero no, no hay parálisis, en absoluto.
¿Por qué estos proyectos llevan tanto tiempo parados?
—La consellera de Salud no ha venido a explicarme qué pasa con el Verge del Toro. En cuanto a la Sala Augusta, no podíamos perder otros cuatro años y optamos por desencallar el tema. Así, ahora tenemos un anteproyecto, la Conselleria está redactando una propuesta y hemos cedido un solar para un nuevo Conservatorio. No es nuestra propuesta inicial, pero sí la de un gobierno en minoría, con las administraciones de su entorno en manos del PP. Hemos logrado licitar las obras de la nueva Comisaría, que se esperaba desde hace 20 años, y desde 1982 tampoco se convocaba la junta de compensación de Poima, un asunto histórico que también hemos desencallado. O el problema del agua, que arrastramos desde 2005. Hacer ver que todo es culpa de este gobierno ni es justo ni real. La gente es más lista de lo que pensamos.
Centrémonos en el agua. La crisis se alarga ya desde hace año y medio. ¿Por qué aún no hay solución?
—Estamos en la misma situación que en 2021, cuando se puso en marcha la planta de Malbúger. Ahora se trabaja para que vuelva a entrar en funcionamiento. El objetivo es que a principios de año podamos volver a abastecer agua desde esta planta. Podrá volver a averiarse, pero al menos dispondremos de más información sobre el consumo real o cualquier anomalía. Tendremos más garantías.
¿La desnitrificadora de Sant Climent también estará operativa en 2026?
—Es el objetivo, pero deberemos ver si, incluso con ella, hay suficiente capacidad para compensar el agua de otros pozos con nitratos. Es probable que pueda bastarnos en invierno, pero no en verano. Durante la temporada seguiremos teniendo menor volumen del que necesitamos. Vienen aún años difíciles en la gestión del agua. Quien no quiera verlo, se engaña a sí mismo.
¿El reciente desprendimiento que afectó a la fábrica de Xoriguer ha cogido por sorpresa al Consorcio del Acantilado?
—Desde que cayó una roca sobre el Baixamar se han hecho algunas cosas, pero todavía no se habían materializado. Hay un convenio firmado para poder desbrozar esa zona y se han actualizado precios para actuar en Hacienda y la cuesta de Corea. El problema real es jurídico y tiene que ver con la titularidad de terrenos. En todo caso, rocas se han desprendido siempre, y ha ocurrido que aseguras una zona y se cae otra. Lo que ha pasado ahora en la Costa des Muret también es inesperado. Siempre pensamos que se hundiría el acantilado, no la cuesta. Lo que sí sorprende es la facilidad que tenemos, en una situación de emergencia, de contratar una obra tan importante.
¿Lo ocurrido ahora ayudará a reactivar más la protección del acantilado?
—Realmente ya se había reactivado. Una cosa es que el Consorcio no estuviera activo y la otra, que no se haya actuado. Los cuatro años del PP el Consorcio estuvo muy activo, pero no hizo nada. En cambio, en los años posteriores se consolidó toda la parte anterior a Hacienda.
En 2025 se ha estrenado la nueva piscina y aprobado el primer pacto de funcionarios. ¿Qué más destacaría?
—La compra de la sala de cultura de Sant Antoni, el inicio del saneamiento de Canutells, el traslado de las dependencias de la Policía, un millón y medio en cambio de alumbrado…
Y la reactivación del recinto ferial, ¿no?
—Está cedido al Govern y, una vez que la junta de compensación del polígono se transforme en asociación de propietarios, deberá decidir qué hacer. Nosotros queremos que se potencie. Tenemos unas instalaciones únicas en Menorca, pero percibo una intención clara de otras administraciones de sacar la actividad de ferias de Maó. La feria Arrels estaba consolidada y se la llevaron a Es Mercadal. Hasta los mismos del PP dicen que se quiere perjudicar a Maó, y eso a mi me molesta. No soy el alcalde del PSOE, sino el de Maó. Y el presidente del Consell no es del PP, sino el de toda Menorca.
¿Lo nota en más casos?
—Sí. Se producen visitas de entidades deportivas sin contar con el Ayuntamiento, se hacen anuncios a nuestras espaldas, un proyecto de Correos del que no sabemos nada pese a que fue el Ayuntamiento quien pidió su compra… Me gustaría notar más dinámica de trabajo en común.
¿Faltan aparcamientos?
—Tenemos demasiados aparcamientos provisionales y nosotros apostamos por soluciones definitivas. Por ejemplo, el parking de Fort de l’Eau o el de San Carlos se ubican ya en suelo municipal, como el que haremos junto al cementerio. Para consolidar el modelo de ciudad, debemos dejar de tener tantas cosas provisionales. En la misma línea está el tema de la vivienda. Intentamos destinar todo el suelo urbano posible a edificar e impulsar promociones de pisos. Se han cedido dos solares al Ibavi, uno en Vía Ronda y otro en Santiago, tenemos un convenio a punto con el Sepes para Vasallo, y conversaciones con el Ibavi para ceder otros tres solares en la zona alta del Cós. Además, tenemos sobre la mesa el alquiler con opción de compra de los terrenos de Catisa, un acuerdo que esperamos cerrar a principios de año con apoyo del Consell y el Govern.
¿Qué más se puede hacer desde el Ayuntamiento para facilitar el acceso a la vivienda?
—Tener mucho contacto con los vecinos, como en los casos de Maria Lluïsa Serra y Pintor Calbó, donde nos hemos movido con el Ministerio, el Sepes, las familias... Es básico. 2026 será un año muy difícil en vivienda. Acaban un montón de contratos, prolongados por cinco años durante la pandemia, y no se han tomado medidas para evitar que los propietarios puedan encarecerlos al máximo. Si no regulas el mercado de alquiler, ni tomas decisiones para garantizar un derecho que reconoce la Constitución y lo dejas en manos del mercado, deja de ser un derecho constitucional y pasa a depender solo de lo que puedas pagar.
Agilizar licencias de obras puede ayudar también a poner más vivienda en el mercado. ¿Se está logrando?
—He ordenado que, por la situación de emergencia habitacional, se prioricen las licencias de plurifamiliares. Los servicios jurídicos deben dar viabilidad legal para que el promotor que quiera construir pisos a precio razonable sepa que el ayuntamiento le facilitará las cosas. En este momento, poner al mismo nivel un chalé en la costa que un edificio de 15 plurifamiliares no es ético ni justo. Pero es que, además, las administraciones tenemos un problema muy serio, ya que no hallamos técnicos suficientes. Hay tanto trabajo que encuentran mejores retribuciones yendo por su cuenta que en la administración. Los ayuntamientos nos robamos los técnicos, y también nos quitamos personal en los geriátricos, otro tema gravísimo.
Que también afecta al geriátrico de Maó, máxime ahora que el Consell se prepara para abrir la nueva residencia de Santiago, que también precisará aumentar plantilla.
—Ahora se nos han ido cinco profesionales a Trepucó, pese a tener plaza fija, porque el Consell les paga más, y eso nos ha vuelto a tensionar la situación. Nos hemos ofrecido a compartir personal, adscribirlo al Consorcio y que así pueda optimizar sus funciones. No tiene lógica que el geriátrico municipal y el del Consell tengan servicios independientes estando a apenas 15 metros de distancia. El caso de Maó es el más claro. Debería ser el inicio de la integración y el trabajo en común.
¿Mantiene su intención de internalizar la zona azul?
—En 2026 acaba el contrato de Dornier y estamos estudiando internalizar el servicio. El objetivo es crear una oficina municipal de tributos que pueda aglutinar la recaudación ejecutiva y de multas y, también, la gestión de la zona azul y los nuevos parkings de Santiago, Catisa y Vasallo.
Maó acoge la planta de residuos de toda Menorca en Milà. ¿Es partidario de incinerar o de trasladar los residuos fuera?
—Si otros municipios tuvieran Milà quizás sí se plantearían hacer el puerta a puerta. Nosotros, precisamente porque albergamos Milà y la central eléctrica y sabemos lo que representan, somos más sensibles a la transición energética o la gestión de residuos.
También urge una solución al problema que origina el sacrificio de animales.
—La clave es tener una visión de isla. El campo no es Maó ni Ciutadella, es Menorca, y lo lógico es que haya un servicio insular que se preste en dos espacios, como los bomberos. También los gestiona el Consell de forma mancomunada en ambos municipios. Los mataderos podrían funcionar igual, con una gestión conjunta de los residuos y diferenciada del tipo de sacrificio. Cada uno se tiene que especializar, pero con una visión de isla, que deben dar el sector ganadero y el Consell.
Hasta aquíEsperando que llegue el cambio climático.....el calentamiento global? La sequía? Las lluvias diarias? El frio que pela? Seguid esperando lo que os digan que debeis esperar. Un día te verás con 85 años y nada de lo que esperabas ocurrió, pero los que te hicieron esperar murieron ricos. Y tú vacunandote con lo que te vendieron como buen tragasables y dando lecciones.