El Decreto Ley 20/2022 de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda impide que un hombre residente en Maó, de origen andaluz, pueda recuperar el piso de su propiedad situado en la avenida Vives Llull, muy próximo al centro médico Dalt Sant Joan.
La vivienda está alquilada a una familia de nacionalidad marroquí, con tres hijos menores de edad, que cuenta con la declaración de vulnerabilidad económica de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Esa declaración ha supuesto que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Maó decretara el pasado noviembre la suspensión de las actuaciones hasta el 31 de diciembre o eventuales prórrogas que normativamente se establezcan al amparo de la normativa que cita la resolución judicial. También podría levantarse la suspensión si la familia inquilina encuentra otra vivienda en la que alojarse, facilitada por los Servicios Sociales o mejora su situación económica. La nueva prórroga de esta normativa por un año más, sin embargo, supone que el dueño del piso vaya a continuar sin poder recuperarlo.
El contrato de alquiler expiraba a finales de 2024 pero el propietario ya había comunicado a la familia a la que le tenía alquilado el piso desde hace unos seis años, que precisaba recuperar su casa para vivir en ella.
Interrupción de las mensualidades
El pago de las mensualidades se había interrumpido en varias ocasiones, lo que llevó al dueño a presentar una demanda en el juzgado cuando finalizó el vínculo contractual porque la familia rehusó salir de la casa y dejó de abonar definitivamente la renta de 600 euros en que se estipulaba el alquiler.
Explica el abogado del demandante, incluso, que llegaron a marcharse de la Isla por un tiempo, sin entregar las llaves, para regresar y volver a tomar posesión de la casa.
Entre los impagos anteriores y el del último año, el propietario del piso lleva prácticamente dos años sin percibir un ingreso que precisa para su desarrollo vital. Percibe una pensión de 1.200 euros pero afronta otros gastos mensuales.
El auto del juez indica que la familia marroquí subsiste con los ingresos de 800 euros del padre, mientras que la madre se halla en situación de desempleo de larga duración, considerando, además, que tienen tres hijos menores de edad, y que el demandante no justifica una situación especial para tener que recuperar su piso. Desde el año 2020 la familia inquilina recibe la ayuda de los Servicios Sociales de Maó, posterior a la suscripción del contrato de arrendamiento.
«Es desesperante»
«La situación es desesperante», relata el yerno del propietario. «Mi suegro se fue a Castellón y alquiló el piso hace cuatro años, pero regresó y lo necesita para vivir», explica. Recuerda que aún abona la hipoteca de la vivienda, en torno a los 350 euros, y con 73 años cumplidos precisa su espacio «en una casa que es suya».
Su abogado recurrió al auto judicial incorporando que el propietario también atraviesa por una situación de urgencia para recuperar su inmueble, que padece varias patologías y que se ve obligado a residir con su hija, además de tener que hacer frente a los pagos de los suministros de su vivienda. El juez no estimó acreditados estos argumentos.
El apunte
Hem d'adaptar hotels per a situacions així. Si la vivenda és d'un fons buitre, un fons d'inversió, de la banca... ja és una altra cosa perque noltros els varem salvar amb doblers públics, ara bé, si la vivenda és d'un particular, l'administració ha de trobar solucions, com enviar-los a un hotel adaptat per a això