Cuenta atrás para que los edificios de Maó con un antigüedad superior a 30 años –la gran mayoría– pasen su particular ITV, el llamado informe de evaluación de edificios, una inspección técnica que debe garantizar que cumplen, entre otras, con las condiciones de seguridad y salubridad.
El Ayuntamiento ha remitido en las últimas semanas un total de 9.565 notificaciones a sus propietarios para recordarles que el plazo máximo de un año que empezó a correr tras la aprobación de la nueva ordenanza, que incluye un disuasivo régimen sancionador, expira el próximo 3 de mayo, dentro de menos de cuatro meses.
Los propietarios de cualquier tipología de edificio están obligados a contratar a un técnico especializado –generalmente arquitectos, pero también aparejadores, por ejemplo– para que el inmueble pase una revisión y presentar un informe en las dependencias municipales. En el caso de que éste sea favorable no tendrán que volver a pasar el trámite hasta dentro de diez años, pero si es desfavorable se tendrán que corregir las deficiencias ya que la ordenanza deja claro que «están obligados a reparar las lesiones descritas sin que la administración requiera expresamente» su ejecución.
En el caso de que el informe revele un peligro inminente por riesgos para las personas o los bienes se tendrán que llevar a cabo «medidas cautelares e inmediatas de seguridad, imprescindibles y urgentes», dicho de otra forma, actuar con prontitud para repararlas. Si el propietario no lo hace, el Ayuntamiento puede actuar subsidiariamente, por su cuenta, y pasar luego la factura al dueño, sin menoscabo de la posibilidad de imponer las multas que se recogen en el régimen sancionador.
Los arquitectos, preparados
El Ayuntamiento también puede imponer multas de entre 600 y 3.000 euros (el rango establecido en la Ley de Urbanismo de Balears) por el simple hecho de no pasar la inspección técnica, aunque en este caso es de sentido común dar por hecho que el Ayuntamiento no se dedicará a multar a los propietarios a partir del 4 de mayo.
Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears, su delegado en Menorca, Llorenç Seguí, aseguraba ayer en conversación con este diario que el sector está preparado para asumir el volumen de trabajo que se les viene encima en los próximos meses, aunque otras voces del sector advierten de que es posible que se genere un cierto colapso. En cualquier caso todos coinciden en que la medida tiene «todo el sentido» para garantizar la seguridad de un parque edificatorio que envejece y cuyo deterioro incontrolado puede suponer un riesgo para la población.
Por seguridad
En ese sentido, el alcalde de Maó, Héctor Pons, defendía ayer que el nuevo requisito, si bien «supone un esfuerzo» económico para familias y empresas, responde a «una cuestión de seguridad, es una garantía para los ciudadanos».
Cabe recordar que la obligación legal de que los edificios pasen una inspección técnica para garantizar su buen estado, que ya está regulada en Ciutadella desde hace casi 15 años, se impuso en Maó hace uno tras la aprobación unánime de una propuesta del Grupo Popular encaminada a cumplir con la normativa urbanística. Para facilitar el cumplimiento de la ordenanza al común de los vecinos que no acostumbran a leer el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), el Ayuntamiento ha decidido recordarles con notificaciones la nueva exigencia normativa y los plazos legalmente establecidos.
Sanciones de hasta 3.000 euros
No presentar el informe de evaluación de edificios puede acarrear sanciones de entre 600 y 3.000 euros, tal y como marca la ley balar de urbanismo, además se considera la ausencia de esta inspección como una infracción continuada mientras no se presenta el informe.
En el caso de que se detecte una deficiencia grave el Ayuntamiento puede ordenar de oficio o a instancias la ejecución de las obras para conservar el buen estado del edificio, pasar la factura al propietario e imponerle multas coercitivas que van creciendo con el tiempo. Desde el Ayuntamiento explican que este régimen sancionador puede dar garantías a los inquilinos de que se cumplen las condiciones de seguridad y salubridad.
Es necesario implantar un control de competencias a los concejales, similar a una ITV profesional. Quien no tenga formación técnica ni experiencia laboral acreditada fuera de la política no debería ocupar cargos de responsabilidad. La ciudadanía merece ser gobernada por personas capacitadas.