El Consell ha puesto en marcha la maquinaria administrativa para poder implementar este mismo verano la primera restricción a la entrada de vehículos de la historia de Menorca, siguiendo la estela de Formentera y Eivissa. No lo va a tener fácil. El tiempo juega en su contra. Los trámites a llevar a cabo son muchos y complejos. De hecho el presidente Adolfo Vilafranca ya avanzaba ayer que va a ser «un año de prueba», una especie de entrada en vigor suave a la espera de que se pueda desarrollar todo el engranaje reglamentario, conocer con más certeza los números sobre las flotas privadas, buscar el consenso máximo con los sectores afectados y avanzar con pies de plomo para evitar posibles contenciosos.
La nueva restricción de vehículos se basará en los artículos y disposiciones de la Ley de Menorca Reserva de Biosfera, en la que se da la opción al Consell de aprobar medidas provisionales a la espera de que se haya validado definitivamente un reglamento. Lo que no está jurídicamente claro es si en este periodo provisional –que se puede extender un máximo de tres años– el Consell tiene potestad para imponer sanciones económicas, una cuestión que habrá que dirimir con bisturí para conjugar el control efectivo del cumplimiento de las normas y la seguridad jurídica.
Grupo de trabajo
Por lo pronto ya se ha creado un grupo de trabajo técnico-jurídico para abordar la nueva regulación que, por el momento, no puede aspirar a ser rotunda. Además de por lo dicho más arriba, porque Vilafranca reconoce que el Consell no cuenta con los datos ciertos sobre el parque de vehículos de las empresas de alquiler de vehículos. El estudio encargado a la consultora Cinesi y hecho público el pasado verano tiene muchas carencias. Propone un límite de 120.000 vehículos, prácticamente los mismos que circulan ya ahora en las puntas del verano, pero en la diagnosis solo aporta estimaciones sobre el volumen de las flotas de las empresas, aspecto crucial visto que será el sector más afectado.
La nueva limitación debe desplegarse reglamentariamente y el Consell ya da por hecho que ese nuevo reglamento no va a llegar a tiempo para esta temporada en su versión definitiva. Optará por las medidas provisionales que también le permite la ley mientras tramita la ordenanza. En cuanto a los elementos para el control del cumplimiento de las medidas, en breve lanzará un nuevo contrato –probablemente menor– para encargar la instalación de cámaras de control de matrículas en los puertos de Maó y Ciutadella.
La idea en el futuro es que también haya videovigilancia en otros puntos de la red viaria, pero no será este año. En paralelo se encargará la puesta en marcha de los programas informáticos para centralizar la información y lanzar una web para poder gestionar las solicitudes de entrada. También deben cerrar acuerdos con Autoridad Portuaria de Balears (APB), Ports de les Illes Balears y la Dirección General de Tráfico. Y estamos casi en febrero.
Las claves
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El reglamento definitivo ya no llega a tiempo
El Consell trabaja con la intención de aplicar las medidas provisionales que permite la Ley de Reserva de Biosfera, visto que no le da tiempo a que se apruebe un reglamento de forma definitiva antes de esta temporada, cuando se quieren empezar a aplicar restricciones.
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Contrato para encargar cámaras en los puertos
En breve sacará a concurso el contrato para instalar cámaras en las zonas de entrada de vehículos de los puertos de Maó y Ciutadella. Más adelante se instalarán en otros puntos de la red viaria. El objetivo es controlar si los vehículos que entran lo hacen con autorización .
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Sin datos ciertos de los vehículos de las ‘rent a car’
Una cuestión clave antes de ponerse a aprobar restricciones es basarse en datos ciertos sobre el volumen de vehículos que hay en la Isla. No se tienen. El estudio de carga presentado el pasado verano solo ofrece estimaciones que dan poca seguridad jurídica al proceso.
¿Cómo puede ser que el Consell no tenga datos de los coches que hay en las compañías de rent-a-car? ¿Cómo puede ser que no puedan controlar los coches que llegan y se van? Las empresas consignatarias, saben pefectamente quienes traen coches, sus modelos, matrículas, a nombre de quienes van, ... TODO. ¿No pueden fiscalizar estos datos? ¿Hacienda? ¿Tráfico? ... Tan fácil como destacar 1-2 personas a la llegada de cada barco y a apuntar matrículas. Luego, en el despacho, a verificar propietarios ... y luego a verificar contratos de alquiler ... ¿o tampoco hay control de esto? Pueden saber quien alquila una vivienda o quién se aloja en un hotel ¿y no quién alquila un coche y a quién se lo alquila? ¿Entonces, qué hacen en el Consell?