El Ayuntamiento de Maó ha anunciado que a lo largo de este año pondrá en marcha un sistema que permita, a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), penalizar a los propietarios que mantengan viviendas vacías con el objetivo de «favorecer su entrada en el mercado residencial». La medida, que ya fue acordada entre el PSOE y Ara Maó en marzo del año pasado, implicará una modificación de la ordenanza fiscal para que recoja los cambios que la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 introdujo en la Ley de Haciendas Locales para modular el gravamen y definir los criterios que pueden guiar a los ayuntamientos a la hora de exigir el aumento del impuesto.
El nuevo recargo, que a la vista de la legislación estatal podrá ser de hasta el cien por cien de la cuota líquida cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años, no será de aplicación este año ya que los recibos del IBI se devengan a fecha 1 de enero. Desde el Consistorio aclaran asimismo que la legislación recoge excepciones a las muchas casuísticas que se pueden dar para justificar que una vivienda esté vacía y, además, falta por definir claramente el concepto de vivienda desocupada. Esos son los deberes de carácter técnico que se ha impuesto el equipo de gobierno para tratar de paliar la grave crisis de acceso a la vivienda que afecta al municipio y al resto de la Isla. «Es casi imposible alquilar o comprar una vivienda a un precio asequible y no es solo un problema que afecte a las familias con menos recursos», afirmó la primera teniente de alcalde, Elena Costa, ante el pleno. «Ponemos todos los recursos que el Ayuntamiento tiene a su disposición».
Entre ellos destacó que este año se va a tratar de acometer la compra del solar de Catisa, propiedad de la promotora Neinor, para poner a disposición del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) un solar con capacidad para cien viviendas sociales, así como la inbversión de 60.000 euros en ayudas para que los jóvenes accedan a una vivienda. Esa era una promesa que ya estaba en los anteriores presupuestos pero que no se ha podido ejecutar. La falta de competencias por parte del Ayuntamiento hace que se requiera el visto bueno del Govern y del Gobierno. Si no se logra, el nuevo acuerdo con Ara Maó especifica que deberán buscarse alternativas.
Todas esas medidas se destacaron en el pleno de la noche del jueves como parte de la presentación de los presupuestos del municipio para el año 2026, que fueron aprobados con los votos a favor de PSOE y Ara Maó y los votos en contra de PP y del concejal no adscrito, el ex de Vox Xisco Cardona. El presupuesto, el más alto de la historia, asciende a algo más de 50 millones de euros, un 2,6 por ciento más que el año pasado.
vivienda vacía , se empadrona a un familiar , a un amigo ,,, o iran inspectores políticos casa x casa a averiguar ?