Hace más de un siglo, en el intervalo comprendido entre 1893 y 1912, que cristalizara en Menorca la construcción de un ferrocarril que uniera Maó con Ciutadella se advirtió mucho más allá que una mera posibilidad. No en vano, ocurrieron varios planteamientos al respecto, alguno con más recorrido que otro, que fundamentalmente un cambio de ley a nivel estatal y en parte la grave crisis económica que se desató en la Isla en el bienio 1911-12 terminaron por desterrar.
Contextualizando, referimos a una época floreciente para la economía insular. Coinciden el dinamismo comercial del momento, la conexión al respecto con las colonias que aun restaban al entonces ya casi extinto imperio español –en esencia Cuba–, una actividad empresarial tecnificada, con la presencia de navieras, eléctricas, entidades bancarias e industrias varias, y un creciente interés por lo cultural.
Pero ese progreso y capacidad para operar afuera de la Isla contrasta con la precaria red viaria y de comunicaciones y transportes que prevalece en el interior. Hasta ese entonces, la movilidad de la mercancía básicamente se solventaba con carros y animales de tiro, sino a pie.
Según detalló Sebastià Rotger, autor de algunos estudios al respecto, en una charla reciente en Ferreries, en 1907 existían en la Isla un par de compañías que la unían de cabo a rabo de forma regular; una de carruajes que hacía el trayecto en unas siete horas y Automóviles Menorca –la precuela de la aun hoy activa Transportes Menorca–, que cubría el mismo trazado en dos horas y media.
Insuficiente
Dicha estructura, dado el grado de crecimiento comercial e industrial de la Roqueta, empezaba a detectarse insuficiente. «El ferrocarril era la solución», precisa Rotger en ese sentido para este artículo, quien además aporta un matiz a considerar. El tren «transporta personas», el ferrocarril, «personas y mercancías», que en realidad era lo que necesitaba Menorca, puesto que la movilidad humana entre pueblos era residual en aquellos tiempos.
José María Cabanillas, a la sazón delegado del Gobierno, impulsa en 1904 el que fue, más allá de otros proyectos previos sin mayor recorrido, el primer planteamiento serio para la construcción del ferrocarril en suelo menorquín (en 1875 había surgido la línea Palma-Inca en Mallorca).
Reunió a un grupo de empresarios para una primera toma de contacto y encuentros siguientes que, por circunstancias desconocidas, no fructificaron. Pero sirvieron de embrión para el proyecto ferroviario más sólido de cuantos se han alumbrado en territorio insular, el de 1908, también producto de la publicación de una ley estatal que establecía ayudas económicas para la mejora de comunicaciones terrestres y la construcción de los llamados ferrocarriles secundarios.
El industrial ‘indiano’ de Ciutadella Antoni Vila Juaneda es quien propone recuperar la idea a los ayuntamientos de la Isla, que a su vez contactan con la compañía catalana Estruuch, especializada en obra pública y líneas ferroviarias.
Se constituye «Entidad Menorca» por medio de la que se canalizará el dinero proveniente de los consistorios menorquines y que aprovechará la garantía económica del 5 por ciento que ofrece el Gobierno español. El contrato con la Casa Estruuch se suscribe en septiembre de 1910. La redacción del proyecto técnico cifra su coste en 15.000 pesetas de la época, que terminará por aportar el propio Vila. La obra al completo estimó un presupuesto de 8 millones.
En octubre de 1911 el Gobierno español aprueba el proyecto, que controlará el Estado, noticia acogida con júbilo en la sociedad insular. El tren se alzará paralelo a lo que es hoy la carretera general. Seis meses después, en abril de 1912, las partes implicadas se reúnen en Maó para trazar una hoja de ruta que, sin embargo, nunca se llegará a materializar. De hecho, tras aquel cónclave, el proyecto, como también la documentación al respecto, se perdió y cayó en el olvido definitivo. Nunca más se supo, ni a través de las hemerotecas de la época.
La luz a tanta oscuridad nos la transmite Sebastià Rotger. «Hubo una modificación de las Cortes españolas de la ley de ferrocarriles secundarios, que prohibía formar sociedades con capital privado y público, en el caso de la Isla los ayuntamientos, para la construcción y gestión de esas líneas de transporte», detalla. Y sin la ayuda estatal, «el tren menorquín era económicamente inviable».
Hasta qué punto el crack de 1911, que incluso provocó la caída del Banco de Mahón, pudo también influir, Rotger lo sitúa en un plano secundario. «Fue un golpe muy duro, hubo 800 despidos y Menorca tenía 30.000 habitantes, seguro que influyó, pero si el Gobierno no hubiera retirado la ayuda, habría sido factible a pesar de esa crisis», abunda Rotger. En ningún caso, empero, «fue la rivalidad entre Maó y Ciutadella lo que abortó el proyecto, como dijo en su momento un profesor de la UIB, para nada, en Ciutadella había gran interés por el tren».
Presente
En términos de presente, Rotger no se atreve a aventurar si una línea ferroviaria en la Isla sería económicamente viable, «pero sí desde el punto de vista social», ya que «contribuiría a la sostenibilidad y encajaría en la filosofía de Reserva de la Biosfera, se reduciría la emisión de gases contaminantes al haber menos tráfico de coches en la carretera, también bajaría el número de accidentes».
Y sumaría «en el aspecto lúdico y turístico», sigue Rotger, al que no le consta, más allá de que el P.I. hace un tiempo «lo incluyera en su programa electoral», que nadie en la Isla, ni del ámbito público ni privado, haya mostrado, más de un siglo después, interés por activar un ferrocarril en Menorca.