«Los técnicos municipales todavía no han podido revisar en profundidad las imágenes aéreas que grabó el dron –en el Fonduco y Cala Figuera– por las incidencias que han tenido que atender a raíz de la situación meteorológica. Prevemos que las puedan analizar durante los próximos días». De este modo exponía ayer el alcalde de Es Castell, Lluís Camps, las dificultades sobrevenidas para avanzar en el análisis del acantilado.
En la misma línea, detalló que el ingeniero y el arquitecto municipal necesitan «tiempo para revisar y firmar el primer borrador como definitivo» del informe técnico derivado de la visita que realizaron, el pasado lunes, a 26 inmuebles de Cala Sant Esteve. «Un trabajo que, hasta ahora, se ha visto dificultado por las constantes interrupciones derivadas de la gestión diaria de la situación», expuso el alcalde, quien añadió que cuando el informe sea «definitivo, y bajo determinadas premisas y requisitos específicos» -que no concretó, se podría iniciar el retorno gradual a algunos domicilios.
Cabe recordar que Camps ya explicó que, probablemente, los primeros vecinos que podrán volver a Cala Sant Esteve serán los más alejados del acantilado. Pero antes de dicho retorno, el Consistorio debe instalar piezas de hormigón de grandes dimensiones para garantizar la seguridad en dos puntos de la vía pública; trabajos que esperan iniciar hoy.
Respecto al refuerzo técnico brindado por el Consell, el Ayuntamiento informa que, a partir de la semana que viene, se podrían incorporar dos geólogos. Además, Camps anunció que se podría sumar un ingeniero más.
Iniciativa privada
Camps también informa que diversos particulares afectados por la orden de desalojo ya cuentan con técnicos cualificados y posibles empresas que intervendrían en sus propiedades para contribuir a restablecer la normalidad en dichas fincas. Una colaboración que puede «agilizar el proceso de desescalada, con el objetivo de que el retorno progresivo sea posible en cuanto las condiciones técnicas lo permitan», expuso el alcalde, quien también informó que ya son una quincena los vecinos afectados que han recibido una «alternativa habitacional y se hospedan en Maó».
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