No hace cumplir la ley que obliga a pasar una inspección técnica a los vecinos propietarios de edificios de más de 30 años, ni tampoco la cumple con los inmuebles que son de su titularidad, a pesar del consabido mal estado que presentan desde hace tiempo algunos de ellos.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella reconoce abiertamente que no ha ordenado la preceptiva revisión del estado de seguridad y salubridad de sus edificios, a la que se comprometió ante el pleno hace más de un año. El motivo esgrimido para esta doble omisión –la de contravenir la ley y los acuerdos plenarios– es la sobrecarga de trabajo que aseguran que sufre el Área de Urbanismo que encabeza la concejal socialista Sandra Moll.
La cuarta teniente de Alcaldía del gobierno de PSOE, PSM y Ciutadella Endavant –ahora con Maria Jesús Bagur como alcaldesa– admitió en el último pleno municipal que «no se ha hecho la inspección» de los edificios propiedad del Ayuntamiento.
«Efectivamente, se tiene que pasar», aseguró, mostrando la intención de enmendar el incumplimiento legal con una contratación externa para realizar esa revisión en bloque del listado de inmuebles, entre los que se encuentran –por citar a modo de ejemplo de los más deteriorados– Ca Sa Milionària (la sede de los servicios sociales), la Biblioteca Municipal o el propio edificio del OAR, recientemente desalojado e inspeccionado ante la inseguridad de su estructura, pero que todavía no ha pasado la revisión oficial, según se recoge en el registro de informes de evaluación de edificios del Govern.
Carga excesiva de trabajo
Las explicaciones para tratar de justificar que no se haya dado cumplimiento al acuerdo impulsado en enero de 2025 forman parte ya del argumentario clásico de las administraciones públicas: la excesiva carga de trabajo por la herencia recibida de pasados mandatos, incluidos los de socios de gobierno. «El área de Urbanismo tiene muchas tareas atrasadas, entre ellas la revisión del proyecto del B-9, unidades de actuación, proyectos propios y cientos de solicitudes de licencia pendientes de informar. Hay muchos temas pendientes, no sé por qué, yo no había llevado nunca el área de Urbanismo».
Sandra Moll matizaba ayer que «aunque no se hagan ITE (la siglas de Inspección Técnica de Edificios, un término desfasado desde la aprobación hace años de la nueva normativa), «en el momento en que se ha detectado alguna anomalía en algún edificio público, se ha actuado, tenemos en cuenta su estado».
También subraya que «llevar a cabo las inspecciones sin una actuación tampoco garantiza nada. Se tienen que pasar, sí, pero a pesar de no haberlo hecho no se han descuidado». Ante el pleno defendió asimismo que los técnicos municipales «han ido a la Biblioteca y a Ca sa Milionària», por mucho que, por lo dicho por ella misma, no se hayan formalizado los preceptivos informes sobre el estado de los edificios históricos.
Finalmente, todos los grupos representados en el plano votaron a favor de la propuesta del Grupo Popular, un recordatorio de la que ya presentó hace más de un año, con la que el gobierno municipal se vuelve a comprometer a hacer las inspecciones a sus edificios de más de 30 años. Moll cerró su intervención asegurando que «tengo partida» para la contratación pública en los presupuestos, tan mal no gestionamos».
Eso es típico de los rojos dictadores, ahogar el pueblo y ellos pasarse las leyes por el forro