El presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, defendió este viernes, en la primera sesión del debate de política general, la movilización de recursos económicos como nunca antes en los ámbitos de la vivienda, el bienestar social o el ciclo del agua, y destacó el desbloqueo de proyectos como la reforma de la carretera general, cuyo tramo entre Alaior y Maó, anunció, finalizará a principios de 2027 «después de una década con las obras paralizadas».
Sin embargo, la oposición de PSOE y Més le reprochó la falta de planificación, afirmando que se limitan a «ejecutar lo que encontraron empezado», dijo la portavoz socialista Susana Mora, mientras la consellera de Més, Noemí Garcia, replicó a Vilafranca con un «alucino, defiende su proyecto en base a los planes de la izquierda».
Movilidad, el talón de Aquiles
La carretera y el departamento de Movilidad fueron el talón de Aquiles del balance del equipo de gobierno y el área que más fricción causó entre los portavoces, por todos los frentes abiertos en esta materia: la polémica del cruce de Rafal Rubí y el enfrentamiento con el Ministerio de Cultura; los nuevos contratos aún pendientes del servicio de autobús regular; el colapso de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV); y la limitación de la entrada de vehículos, que este verano comienza –insistió Vilafranca–, con la instalación de cámaras en los puertos de Maó y Ciutadella para leer matrículas y tener un control del número de vehículos que acceden a la Isla, «un sistema serio y basado en criterios técnicos y jurídicos», dijo el presidente. «¿Tres años y todavía están contando?», le espetó la socialista Susana Mora, «la limitación de coches no la han querido hacer nunca».
Vilafranca endureció su tono y le replicó que, sobre la limitación de vehículos, en 2023 se encontraron dos informes «que no quería firmar ningún técnico de la casa, informes que tuvimos que tirar a la basura porque no valían para nada». En cuanto a la ITV, el presidente popular recriminó que «el origen de todos los males y del atasco de ahora, que tenemos que solucionar y lo haremos en este mandato», está en la concesión aprobada en época de la gestión del área por Més.
El debate se caldeó asimismo por las obras de la carretera. La consellera de Més, Noemí Garcia, pidió al gobierno del PP que revise la obra en Rafal Rubí, «no se la jueguen, serán recordados como el equipo de gobierno que puso en peligro la declaración de Menorca Talayótica», aseguró. Susana Mora, del PSOE, les acusó de haber creado «un conflicto interinstitucional innecesario» por las obras de la Me-1.
Aquí Vilafranca se revolvió y garantizó que se acabará la reforma «con el Ministerio de Cultura en contra, condicionado casi diría que por ustedes, un Ministerio que envió a la Unesco dos informes que no aprobó el Consell ni fueron validados por nadie, sin pedirnos opinión», algo que calificó de «vergüenza».
También sacó pecho el PP por la ordenación turística, al haber dado de baja 1.300 plazas de alquiler turístico en suelo no apto.
Vilafranca reprochó a la izquierda que durante 8 años permitieron «la expansión descontrolada» del alquiler turístico en los núcleos residenciales, «más del 90 por ciento de las licencias las dieron los partidos de la izquierda, y ahora son defensores de los municipios para los residentes» dijo. Aquí Mora le recordó que fue la izquierda la que aprobó la zonificación del alquiler turístico, y que de las plazas dadas de baja, las que cumplan los requisitos podrán volver a la bolsa que gestiona el Consell y ser asignadas.
Existe una estrategia de control del territorio que obstaculiza la soberanía alimentaria. Muchos predios agrícolas están siendo convertidos en hoteles boutique . A través de multinacionales y sistemas de descuentos o intermediación financiera, estos establecimientos pueden funcionar en la práctica como empresas pantalla dentro de una cadena de valor que facilita el blanqueo de capitales. A esta dinámica se han sumado los nobles de ciutadella y también determinados políticos que operan con redes comerciales y financieras vinculadas a bancos franceses.