El PP quiere blindar la legalización de viviendas en suelo rústico, los conocidos 'hortals' en el caso de Menorca, y ha presentado enmiendas a la ley de proyectos estratégicos para intentar que no sea anulada por el Tribunal Constitucional. El proceso de legalización, al que ya se han acogido un centenar de construcciones en la Isla, planteaba como norma general el silencio positivo de la Administración. Eso significa que si un ciudadano o una empresa presentaba una solicitud y no recibía respuesta en el plazo que marca la ley, se entendía que ese silencio era una autorización automática.
La norma contradice claramente la ley estatal, por lo que estaba asegurado que ese artículo en concreto era inconstitucional. Sin embargo, el GOB, STEI, CCOO, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Amics de la Vall de Coanegra, OCB, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, Amics de la Terra y Palma XXI y el Fórum de la Sociedad Civil, a través de diputados del PSOE y de Sumar-Més en el Congreso, promovieron un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta legalización que va más allá del simple silencio positivo.
El recurso ponía este asunto sobre la mesa, pero iba mucho más allá, ya que además cuestionaba la propia constitucionalidad de la ley, es decir, todo el proceso de legalización. El Constitucional aceptó a trámite el recurso y el Govern quiere evitar que la norma decaiga y ha presentado una enmienda que transforma ese silencio positivo en negativo, si bien no entra en el resto de las cuestiones de inconstitucionalidad que plantearon los partidos de la izquierda. El PP cree que la norma es correcta y no será anulada, si bien la enmienda demuestra la preocupación del Ejecutivo como mínimo sobre el silencio positivo.
Otras enmiendas
También incorpora una enmienda para modificar el reglamento de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria no tengan la obligación de inscribirse en el registro de forma obligatoria, sino que la inscripción sea voluntaria, y en otra más se señala que las actividades que se hagan en dominio público hidráulico necesitarán la autorización expresa del Estado. Estas tres enmiendas pretenden sortear recursos ante el Tribunal Constitucional.
El PP también ha presentado enmiendas para intentar rebajar el precio de la vivienda entre los más jóvenes con la eliminación del impuesto de actos jurídicos documentados a menores de 30 años y la reducción de un 0,5 % para los menores de 36. También se amplía de los 307.000 euros actuales hasta 331.000 el precio máximo de la vivienda para poder acceder a las ayudas en Mallorca y Menorca. Las medidas se completan con otra de gran calado: la reducción del 50 % en impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados para la compra de Viviendas de Precio Limitado.
Ninguna de estas disposiciones tiene por ahora el apoyo de Vox, por lo que los dos partidos tendrán que volver a sentarse a negociar para ver si todas estas propuestas salen o no adelante, El PP plantea un plan de externalización de la administración para que empresas privadas puedan hacer las gestiones administrativas que ahora desempeñan funcionarios y medidas en materia energética y agrícola, entre otras.
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