El Delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, pide a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que dé un paso adelante y declare zonas tensionadas en las islas para limitar el precio del alquiler y obtener así fondos adicionales en materia de vivienda. Rodríguez asegura que la situación actual de «drama habitacional» unida a la falta de decisión política del Govern esté facilitando la inflación de los precios. No entendemos por qué el Govern no lo ve y no toma esa decisión que está impidiendo que muchas personas puedan vivir y está facilitando la inflación de vivienda".
El delegado del Gobierno precisa que la declaración de zonas tensionadas no es una medida punitiva que castigue a las comunidades, sino una herramienta necesaria para que los recursos públicos cumplan su función social. «No es que se penalice a nadie», ha señalado, «es que si el Estado va a dar más recursos para construcción o para ayudas, estas deben ir a quien las necesita, que es el inquilino que paga, y no a engrosar la renta del propietario». Para eso, la condición es aprobar la declaración de zona tensionada.
«Si un inquilino recibe una ayuda de 300 euros y no hay un límite, el propietario puede decidir subir el alquiler 500 euros. Al final, la renta disponible de la familia baja y la renta especulativa del propietario sube», ha dicho.«Entre todos debemos frenar esta locura y pido al Govern que tome esta decisión», ha añadido.
Rodríguez ha aprovechado su intervención para pedir al Govern que haga una apuesta decidida por la VPO frente al modelo de viviendas de precio limitado impulsado por el ejecutivo autonómico. Según los datos apuntados por la Delegación del Gobierno, la vivienda de precio limitado encarece la protección oficial hasta en un 36% debido a la diferencia en los módulos y el tipo de IVA aplicable.
Rodríguez también ha recordado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda que acaba de aprobar el Consejo de Ministros no solo se centra en la construcción, sino que ofrece múltiples vías que el Govern debería activar de forma conjunta. Por ejemplo, ha instado a Prohens a combatir con firmeza el alquiler vacacional que detrae oferta del mercado residencial y ha recordado que el plan estatal contempla un Lloguer Segur estatal, con incentivos para aquellos propietarios que cedan sus viviendas al mercado de alquiler residencial a precios limitados durante un periodo de 5 a 7 años, garantizando la devolución del inmueble en perfectas condiciones.
También ha animado a utilizar el derecho de tanteo y retracto para recuperar viviendas que fueron VPO que salen a la venta y asegurar de este modo que se mantengan bajo titularidad pública de forma permanente. En Baleares, las VPO ya tienen esta consideración de por vida desde la ley de 2018.
Rodríguez ha apelado a la responsabilidad institucional y ha instando al Govern a no «cambiar protección por precio». Para el delegado, la competencia es autonómica, pero la colaboración con el Estado es imprescindible para garantizar el acceso a una vivienda digna en Baleares.
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