El PP de Ciutadella ha exigido este miércoles responsabilidades políticas al equipo de gobierno del Ayuntamiento liderado por Maria Jesús Bagur después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) haya emitido una sentencia dando la razón a comerciantes y vecinos que se oponían a la peatonalización de la plaza de Es Born «sin una estrategia» y haya ordenado la inmediata restauración del espacio a su estado anterior.
La portavoz del PP de Ciutadella, Juana Mari Pons, ha asegurado que «la justicia constata y confirma lo que los comerciantes, vecinos y el PP hemos denunciado desde el primer día: no se podía transformar Es Born así de cualquier manera, deprisa y corriendo, sin proyecto, sin consenso y únicamente por interés político». «El pacto que llevó a la moción de censura se basó en esta peatonalización y en que iban a gestionar mejor. Los resultados están a la vista: ni gestión y el TSJIB tumba la peatonalización. Alguien debe asumir ya responsabilidades por este caos», ha dicho.
«El ejemplo más claro del caos»
El PP ha remarcado que la sentencia es «especialmente contundente» con la actuación del Ayuntamiento, ya que concluye que no existía «título habilitante» para ejecutar la peatonalización, es decir, que el equipo de gobierno «actuó sin un acuerdo formal ni un expediente administrativo aprobado que amparara legalmente una actuación de semejante envergadura».
«Estamos ante el ejemplo más claro del caos y la improvisación con los que gobierna este tripartito. Han actuado a golpe de ocurrencia, saltándose los procedimientos y despreciando las advertencias de comerciantes, vecinos y oposición», ha criticado Pons.
Además, han subrayado que la sentencia desmonta «por completo» el relato político del equipo de gobierno al dejar claro que el propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), utilizado por el Ayuntamiento para justificar la actuación, ni siquiera estaba aprobado cuando se ejecutó la peatonalización. «Nos dijeron que todo formaba parte de una estrategia de movilidad planificada y ahora la justicia deja claro que no», ha señalado la portavoz.
Pons ha hecho hincapié en que «la resolución judicial va todavía más allá y recoge literalmente que el propio informe jurídico municipal reconoce que no existe un expediente ni un acuerdo concreto del órgano de gobierno para convertir Es Born en peatonal».
Sin las garantías legales necesarias
El PP de Ciutadella ha considerado «especialmente grave» que el tribunal haya tenido que recordar al Ayuntamiento que una actuación de este calado no puede ejecutarse sin las garantías legales necesarias. «No estamos ante un simple error administrativo. Estamos ante una forma irresponsable de gobernar, basada en la improvisación, la propaganda y las prisas políticas», han recalcado desde el partido.
Por otro lado, Pons ha recordado que «el PP nunca se ha opuesto a la peatonalización de Es Born, pero sí ha defendido siempre que debía hacerse con un proyecto serio, planificación, alternativas de aparcamiento y diálogo con los comerciantes y vecinos, algo que no ha sucedido». «Peatonalizar la plaza más importante de Ciutadella no consiste solo en tapar aparcamientos y poner cuatro árboles. El tripartito empezó la casa por el tejado», ha añadido.
«La sentencia deja en evidencia a un equipo de gobierno sin rumbo más preocupado por vender titulares y hacerse fotos que por gestionar con rigor. El tripartito debe asumir responsabilidades por haber llevado al municipio a una situación absolutamente absurda: gastar dinero público en una actuación improvisada que ahora la justicia obliga a revertir», ha concluido la portavoz.
RubenBuenas tardes, con el debido respeto, creo que es usted el que confunde términos jurídicos, al igual que lo hacen Es diari y Juana Mari Camps, con ignorancia más o menos deliberada. Lo que se resuelve es el recurso contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 4 de Palma, que desestimó la solicitud de medidas cautelares propuestas por el grupo de empresarios. Y esta resolución se hace por medio de auto y no de sentencia, pues en derecho administrativo, las medidas cautelares se resuelven por esta clase de resolución tal y como dispone el artículo 131 de la LJCA. El propio Diari dice que se aceptan las medidas cautelares, por lo tanto no se determina la legalidad ni la ilegalidad de la decisión sino si durante la tramitación del proceso, se debe volver a la situación anterior y se determina en base a indicios de posible existencia de base jurídica, facilidad para reparar el daño en caso de sentencia condenatoria y proporcionalidad. Además, confunde usted el término de firmeza o no de las resoluciones, son firmes aquellas que no pueden recurrirse y los del TSJ decidiendo sobre las cautelares son recurribles y lo son en casación, no en apelación. Por otro lado, me resultan curioso que Juana Mari Camps parafraseé extractos de una resolución judicial que aún no se ha hecho pública por el TSJ en su directorio y a la que por lo tanto solo tienen acceso las partes. Vale la pena recordar que hay en España en precedente de un FGE condenado por revelar secretos judiciales