Critica la "falta de fundamento" y la "prolongada duración" de esta medida, que fue acordada por Garzón
Critica la "falta de fundamento" y la "prolongada duración" de esta medida, que fue acordada por Garzón
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que levante el secreto del sumario de la 'operación Pretoria', en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística que se habría desarrollado en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, informaron hoy fuentes jurídicas.
En un auto hecho público hoy, el tribunal estima que de la documentación intervenida en esta causa "se advierte no sólo la prolongada duración del secreto de la investigación judicial", que fue instruida hasta el viernes pasado por el juez Baltasar Garzón, sino "la falta de su fundamento eficaz tanto a instancia del Ministerio Fiscal como del instructor de la causa".
A estas circunstancias hay que añadir "la comprobación del carácter público de la investigación judicial desplegada" y la "inexistencia del peligro de su destrucción", por todo lo cual el mantenimiento del secreto de sumario "carece de cobertura legal".
El tribunal, formado por los magistrados Angela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, ha adoptado esta decisión tras admitir un recurso de apelación presentado por la defensa del principal acusado, el ex diputado del PSC Luis García, 'Luigi', contra un auto dictado por el juez Baltasar Garzón el 4 de diciembre de 2009 mediante el que prorrogó por primera vez el secreto de las actuaciones.
A él se adhirieron las representaciones del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, el ex concejal de Urbanismo de este municipio Manuel Dobarco y el administrador de la empresa Niesma Corporació, Manuel Valera.
SITUACIÓN "INCOMPRENSIBLE"
En su recurso la defensa de Luis García defendía que el mantenimiento del secreto de estas actuaciones resulta "incomprensible" si se tiene en cuenta que "la documentación obrante es de índole pública no vulnerable a ser manipulada y, por tanto, sin razón legal que justifique la permanencia del secreto acordado".
Pedraz se ha hecho cargo de esta investigación en sustitución de Baltasar Garzón, que fue suspendido de forma cautelar el pasado 14 de mayo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que el Tribunal Supremo dictara la apertura de juicio oral en su contra por declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo.
En la 'operación Pretoria' se encuentran imputadas veinte personas, todas las cuales se encuentran en libertad. El presunto cabecilla de la trama, Luis García, salió de prisión el pasado 12 de abril, donde ingresó a finales de octubre. Garzón le dejó en libertad al considerar que no existía riesgo de fuga ni posibilidad de destrucción de pruebas o documentos, motivos por los cuales fue privado de libertad de forma preventiva.
OPERACIONES URBANÍSTICAS
García está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental. Según explicaba Garzón en el auto por el que ordenó su ingreso en prisión, en todos los casos los ayuntamientos afectados aprobaban "un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de García, quien gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en estas localidades y a sus relaciones con empresarios interesados favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo en forma ilícita cantidades pagadas por los últimos".
El ex diputado de PSC habría cobrado al menos 8,02 millones de euros por las operaciones en los tres municipios investigados. Era, según Garzón, "uno de los máximos responsables de la trama y por sus actividades de intermediación y de influencia sobre el alcalde de Santa Coloma", se erigió "en una especie de consejero que decide e imparte las decisiones de dicha institución".
En la trama también están imputados el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz (PSC) --en libertad bajo fianza de 500.000 euros-- y otras 18 personas entre las que cabe destacar los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, en libertad bajo 200.000 euros.
Otros implicados en esta causa son el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; el ex gerente de los servicios municipales de la localidad Pasqual Vela y los empresarios Manuel Carrillo, Josep Singla y Lluís Casamitjana, todos ellos en libertad bajo fianza. A los otros once imputados no se les impuso ninguna cautelar.