Un informe realizado por técnicos del Defensor del Pueblo sobre la aplicación de medios coercitivos, régimen disciplinario y atención sanitaria prestada en el Centro Penitenciario Menorca ha llevado a la familia de Carlos Silva Cortés, fallecido en una de sus celdas el pasado 27 de abril de 2013, a plantear la posibilidad de solicitar la reapertura del caso que fue sobreseído por el juzgado número 2 de Maó en febrero de 2014.
El informe, publicado por el Defensor del Pueblo, que dirige Soledad Becerril, en el primer trimestre de 2014, a partir de la visita imprevista realizada al CPM los días 24 y 25 de marzo de 2014, advertía varias deficiencias en la atención sanitaria del centro, y destacaba posibles fallos en la detección de situaciones de riesgo vinculadas a ciertos trastornos psiquiátricos. Esta anomalía fue aceptada por la administración responsable indicando que se había intensificado su introducción para prevenir actos autolíticos (ideación, intentos o suicidios consumados).
Carlos Silva se suicidó al ahorcarse en una celda de la prisión. El juez, Carlos Javier García, concluyó, tras interrogar a una decena de personas, incluidos funcionarios y médicos del centro, que el fatal desenlace se debió a «la decisión voluntaria del preso de quitarse la vida».
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