Casi el 17 por ciento de los policías locales de Menorca teme por su puesto de trabajo a partir de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears, de hace dos semanas, que anula el reglamento de las policías locales de Balears. Esto es así porque considera ilegal la contratación reiterada de policías interinos, que en Menorca suponen el 16,8 por ciento del total de las plantillas.
El Govern ya ha anunciado que presentará recurso de casación ante el Supremo. Así ganará tiempo para acelerar la tramitación de una nueva normativa que cambie el sistema de acceso y elimine la figura de interno, de manera que los agentes pasen a ser, desde un principio, funcionarios de carrera. Y es que la ejecución de esta sentencia provocaría el cese inmediato de todos los interinos de Balears, 532 agentes del total de 2.608 existentes, que tampoco concuerdan con el cambio de normativa que prepara la conselleria.
La sentencia indica que la contratación de los interinos es ilegal porque un policía interino no tiene condición de autoridad. La normativa anulada por este fallo es la que utilizaban los ayuntamientos para justificar estas contrataciones temporales, según las necesidades del servicio. La ley balear iba en contra de una norma estatal, por tanto de mayor rango, que limitaba el ejercicio de la autoridad solo a los policías de carrera que habían superado una oposición pública. La normativa del Govern no fijaba límites o restricciones al ejercicio de autoridad por lo que, ante el ciudadano, un interino o uno de carrera no tienen distinciones.