Un abogado, natural de Maó, será juzgado el próximo día 7 de marzo al haber sido acusado de un delito de deslealtad profesional por haber engañado, presuntamente, a dos clientes que contrataron sus servicios en el año 1994.
Los clientes recurrieron al letrado mahonés a efectos de interponer un procedimiento judicial para que gestionara sus intereses contra una promotora del término de Es Mercadal. Entendían que ésta había incumplido el contrato en un inmueble que le habían comprado ya que no estaba dotado de infraestructura eléctrica.
Durante los años posteriores, según la acusación que pesa sobre el abogado, ante los numerosos requerimientos de sus clientes para saber el estado del pleito, el letrado llegó a decirles que el Juzgado se había pronunciado a su favor cuando nunca llegó a dictarse sentencia sobre la causa.
El abogado se limitó a promover tres actos de conciliación con la promotora en los años 95, 96 y 98 sin que conste que entablara ningún pleito contra ella. Al contrario, hizo creer a sus dos clientes que sí se había hecho e incluso les entregó dos pagarés por el importe de obras de 15.356 y 73.126 euros como adelanto por una sentencia favorable. Ambos pagarés resultaron impagados por falta de fondos. En octubre de 2012 expedió otros dos nuevos pagarés que también resultaron impagados. Sus clientes le habían entregado en septiembre de 2010 la cantidad de 4.000 euros en previsión de fondos.
Los hechos son constitutivos de un delito de deslealtad profesional por lo que el Ministerio Fiscal solicita una pena de 18 meses de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros, que suponen un total de 3.240 euros.
Además, de ser declarado culpable deberá indemnizar a sus dos clientes con 15.000 euros que corresponden a la provisión de fondos de 4.000 euros que le entregaron en 2010 más 11.000 en concepto de daños y perjuicios ocasionados. Esta suma sería satisfecha por el seguro de responsabilidad civil concertado con la compañía Caser Seguros.