«No puedo aceptar un acuerdo sobre una condena por algo que no he hecho», reiteró este martes a su abogada el hombre de 51 años, natural de Ciutadella, acusado de siete delitos de hurto y estafa. Como había sucedido en el juicio a prevención el 26 de noviembre, la última tentativa para rebajar la condena y evitar el juicio tampoco prosperó.
Se trata de unos hechos acaecidos entre 2011 y 2012, todos con el mismo perfil de víctimas en domicilios de Ciutadella, Ferreries y Es Migjorn. El hombre se hacía pasar por empleado de Gesa para entrar en casas de gente mayor, distraía a los dueños y robaba lo que encontraba. Se le acusa de haberse apropiado de 4.300 euros en efectivo y 9.000 en joyas. «Nunca he tenido relación con Gesa, en esa época trabajaba en mantenimiento de jardines, y si alguien me acusa que me mire a la cara y me diga que soy yo», dijo.
Solo declararon dos mujeres afectadas, una de Ferreries y la otra de Es Migjorn, ambas con ciertos problemas de sordera. La primera relató los hechos pero no reconoció al acusado en la sala. La segunda, tras mirarle a la cara, aseguró que sí era uno de los dos que habían entrado en su casa diciéndole que debían revisar las cajas de luces. «Mientras yo acompañaba al otro por las habitaciones, cogió todo lo que pudo, e incluso al final, yo le di las gracias. Luego vi que me había robado 400 euros y dos joyeros». Otros afectados ya no pudieron declarar por su avanzada edad debido al largo tiempo transcurrido.
En su último turno de palabra, el acusado volvió a reiterar su inocencia. Dijo que en julio también robaron de la misma forma a su suegra, haciéndose pasar por empleados del gas, «y yo estaba en prisión, no tengo nada que ver». Recordó que cuando le detuvieron por esta acusación «yo mismo pedí que registraran mi casa y que me pusieran en una rueda de reconocimiento».
El fiscal retiró la falta de estafa por el cambio en el código penal, pero mantuvo la petición de 10 meses de prisión por el delito de hurto y una responsabilidad civil de 6.238 euros, en total, para resarcir a las personas afectadas.
La abogada, Joana Maria Camps, solicitó la libre absolución ya que debido al tiempo transcurrido y a la avanzada edad de las víctimas no quedó demostrado que el acusado fuera el responsable, «por lo que no se le puede condenar si hay dudas». En caso que así fuera pidió al juez que se aplique el atenuante de dilaciones indebidas.