No hay pruebas concluyentes que acrediten la culpabilidad del acusado de hurto y estafa haciéndose pasar por técnico de la compañía Gesa en siete casas de Ciutadella, Es Migjorn y Ferreries para robar dinero y joyas. Es la conclusión a la que ha llegado el magistrado juez del Juzgado Penal de Maó, Bartomeu Mesquida, para haber dictado una sentencia absolutoria al hombre de 51 años juzgado la pasada semana.
Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2012 en domicilios de gente mayor a los que el falso técnico de Gesa engañaba para entrar en su casa y apropiarse de alhajas y dinero en efectivo.
El magistrado censura en su sentencia la excesiva dilación temporal de la fase investigativa sin que pueda hablarse de que esta resultara compleja para justificar tamaño retraso. Las diligencias, explica, se limitaron a tomar declaraciones al investigado y a las víctimas, por lo que no se comprende que hayan transcurrido seis años hasta la celebración del juicio.
En la vista oral solo declararon dos mujeres de Es Migjorn y Ferreries. El resto de las víctimas no acudió al juicio debido al largo tiempo transcurrido y a su avanzada edad desde que fueron objeto de la estafa y los robos. Una de las declarantes aseguró reconocer al acusado presente en la sala, mientras que la otra no pudo hacerlo.
El magistrado detalla que la mujer que lo reconoció, curiosamente, no lo había hecho en la rueda de reconocimiento tras su detención en septiembre de 2012, con lo que difícilmente pudo hacerlo ahora con absoluta certeza tras haber transcurrido seis años. En el registro efectuado en el domicilio del inculpado no se encontró ninguna prueba incriminatoria como habría sido la vestimenta con distintivos de Gesa para perpetrar los hurtos o parte de las joyas robadas.
El fiscal pedía una condena de 10 meses de prisión por el delito de hurto y una responsabilidad civil de 6.238 euros, en conjunto, para resarcir a las personas afectadas. El acusado, que cumple condena actualmente en prisión por otras causas, reiteró su inocencia, de hecho se negó a aceptar el acuerdo de conformidad pactado por su abogada, Joana Maria Camps, y el fiscal antes del juicio porque habría supuesto asumir su culpabilidad.
Su abogada pidió la absolución, como así ha resuelto el juez.