El Servicio insular de Familia, dependiente del Consell de Menorca, trató durante el 2018 un total de 15 casos de abuso sexual infantil, exactamente la misma cifra de víctimas abordada el año anterior. El servicio recibió 33 comunicaciones de posibles casos de abuso sexual infantil en esos 12 meses, de los que descartó 13.
Entre esos 15 casos contrastados, nueve quedaron bajo la protección del Servicio insular. Dos de los menores fueron retirados del ámbito familiar e ingresaron en las dependencias de la Casa de la Infancia temporalmente bajo acogida residencial, otros cuatro se mantuvieron en su domicilio bajo declaración de riesgo lo que implica un seguimiento de los profesionales mientras que a los tres restantes se les suspendió la patria potestad a sus padres por posibles abusos intrafamiliares.
A 31 de diciembre del pasado año había todavía seis casos que estaban siendo valorados aunque el expediente se había abierto, mientras que en cinco más se había comprobado que existía abuso sexual y desprotección a la espera de determinar si precisaban tutela o eran declarados en situaciones de riesgo aún manteniéndose en su domicilio.
La estadística señala que los expedientes trabajados en el Servicio se mantienen en unos niveles similares en el último lustro, si acaso con un ligero descenso que obedece a la labor desarrollada por los servicios sociales de los respectivos ayuntamientos. En 2017 fueron también 15 casos de abuso sexual infantil abordados y en 2016 se redujeron a 7. No se trata, sin embargo, de las cifras absolutas de abuso sexual infantil en la Isla, puesto que otros casos entran directamente en los juzgados sin pasar por este servicio y son atendidos directamente por ellos sin precisar la intervención del Consell.
Los que pasan a ser responsabilidad del Servicio de Menores son aquellos en los que se constata que los padres o tutores de los menores no actúan con la protección adecuada hacia ellos.
Entre los 13 descartados durante el año anterior, ocho carecían de indicios claros de abuso, dos fueron derivados a los equipos municipales de infancia y familia (EMIF) al estimar que no había abuso sexual pero sí podía tratarse de otro tipo de maltrato, mientras que otros tres pasaron a la Unidad de tratamiento de abuso sexual, que aborda el caso cuando los padres están al corriente de él y actúan, es decir, que no precisan la intervención del organismo oficial de Menores.